Algunos sectores temen que el “perdón gubernamental”
torne a Coahuila caldo de cultivo para más delincuencia

Si los reos preliberados vuelven a delinquir, la culpa es tan
de ellos como de las autoridades. ¿Qué valor estadístico tendrá
mañana la vida humana cuando un homicida reincida? Perdonar ha
sido potestad de los grandes: en el estado falta mucho por crecer

Si yo fuera ladrón
Me robaría tus besos
Me robaría tus caricias
Me robaría tu cuerpo

Fiesta adentro. En las calles, tres preliberados han vuelto a las andadas

Así comienza una famosa canción de El Chapo de Sinaloa y que posiblemente cuente entre las más sinceras y representativas (posiblemente sin que su propio autor lo notara) de la naturaleza humana, al margen del enfoque sensiblero que no puede faltar en melodías de este género. La simple frase de “si yo fuera…” abre un diapasón infinito de posibilidades que, ineludiblemente, vinculan ab aeterno la futura consecuencia con su origen hipotético. Si yo fuera carpintero… trabajaría la madera. Si yo fuera estudiante... asistiría a la escuela. Entonces, si yo fuera ladrón…
No se puede culpar a un pitbull de matar a otro perro cuando eso le enseñaron a hacer. Asimismo, ahora no se puede fustigar abiertamente a Luis Alberto Díaz,  a Ricardo Reyes Barbosa o a Marcelino García Durón por haber reincidido en sus fechorías cada uno de ellos, luego que el gobernador Humberto Moreira los sacara del Centro de Readaptación Social de Saltillo antes de que se cumplieran las sentencias que les habían sido impuestas.
El tiempo empleado cada vez que mutamos el estatus de libertad o reclusión para un sujeto determinado usualmente requiere menos de una hora. Tan rápida es, en efecto, la transición. Ahora estás en la calle, ahora estás tras las rejas. Sin embargo, la toma de conciencia del individuo que experimenta en carne propia dicha transición demora bastante más. Recordemos que la estancia en un centro penitenciario supera la mera intención de castigo. Justamente por eso fue abolida la primitiva ley del talión (ojo por ojo, diente por diente, mano por mano), porque la sociedad moderna considera que una persona puede purgar su pena, arrepentirse del delito cometido y reincorporarse como un hombre de bien a la sociedad. Suena utópico la primera ocasión que se escucha, pero sin hacer uso de las engañosas estadísticas, ya esta manera de obrar ha rendido frutos favorables y, sinceramente, si acudimos al factor humano, basta un solo nombre que ampare esta máxima para que valga la pena hacer uso de ella.
Ahora, no en balde la promulgación de una ley es discutida, consensuada y posteriormente aprobada por un consejo que se supone entendido en la materia y que, al menos en el caso específico de los delitos, ha de disponer un castigo acorde a la trasgresión cometida. Ello bajo los preceptos regentes en nuestro entorno social y nuestra época. De tal manera se discute, y a posteriori se respeta, la proporción que debe existir entre infracción y condena para que esta última derive en un método correctivo y no meramente punitivo. Es deber de los ciudadanos, y fundamentalmente de sus dirigentes, cuidar que no se altere tan sutil equilibrio. ¿Qué sucede pues cuando otra ordenanza atenta contra dicho principio básico? Tal es el caso de la llamada Ley de Sanciones Restrictivas y Privativas de la Libertad Personal, cuyos beneficios más parecen responder a intereses políticos que humanos y que, en la práctica, no pasa de ser una estrategia gubernamental enfocada a ganar popularidad.
Al pitbull su amo lo obliga a pelear. A estos tres sujetos la sociedad, con sus desigualdades extremas y a pesar de programas al estilo de “Cero marginación” que ven mellada su eficacia con estos incidentes, los obliga a delinquir. Eso no expía sus culpas. Si lo hiciera todos fuéramos libres de andar por ahí apropiándonos de las pertenencias del prójimo (incluida su vida), pero imprime cierta lógica al interés que la sociedad, amparada por sus regulaciones, demuestra al apostar por su posible reivindicación en el seno de nuestra comunidad.
¿Cómo reaccionar entonces ante la intromisión de una persona que echa por tierra este quehacer constructivo? ¿Cómo hacerlo si esa persona es justamente el ejecutivo del estado? Vayamos al manido ejemplo del sujeto que se cuela subrepticiamente en un garaje para robarse la caja de herramientas y resulta condenado. La víctima de ese atraco (su vecino, usted, yo) habrá perdido de entrada el dinero invertido en esos útiles y por inducción también el valor agregado de los mismos (su selección, posterior empleo, ejercitación, planes concebidos que deberán esperar). Lo irónico es que otra vez, su vecino, usted o yo, pagamos impuestos, parte de los cuales son destinados, supuestamente, a mantener los Centros de Rehabilitación Social a donde debió ir a parar el malhechor. ¡Pero no! Su ladrón no cumplió la pena porque resultó favorecido, junto con otro grupo, por la Ley de Sanciones Restrictivas y Privativas de la Libertad Personal, y no solamente salió libre sino que, además, le regalaron mil pesos y un pavo (que al menos yo no pude comprarme esta Navidad porque invertí el dinero, curiosamente, en protecciones para mi casa debido al aumento de la delincuencia). ¿Adivine de dónde salieron los recursos para comprar los pavos obsequiados y los mil pesos en efectivo que se le entregó a cada reo liberado el pasado diciembre? Sí… ya adivinó. De su bolsillo. De sus impuestos. Usted pagó la comida y corrió con los gastos de Navidad del hombre que le robó su caja de herramientas. Dicho sea de paso, sume a la cuenta el dinero que deberá invertir para comprarse otra nueva y, si todavía le queda algún centavo, empiece a reunirlos para que proteja mejor su garaje porque ya vimos que el ladrón puede reincidir.
De todas formas, con barrotes quizás estemos a salvo del individuo que se adentra a saquear nuestro domicilio, pero ¿cómo asegurarnos de que los gobiernos hagan buen uso de nuestros impuestos?
Por otro lado, los bienes materiales, al menos en ocasiones, pueden ser, sino recuperados, sí sustituidos. El dolor que afecta al bolsillo nunca es equiparable al dolor que se inflige al corazón ante la pérdida de un ser querido. En esta última ocasión, en el grupo de liberados se incluían siete que cometieron homicidio calificado, y ya Ricardo Reyes Barbosa reincide justamente por haber golpeado y amenazado de muerte a su esposa. El gobernador, en su momento, tildó de desafortunado (Palabra, 8-1-2008) que otro ex reo, Luis Alberto Díaz, retomara los malos hábitos y de inmediato echó mano a las estadísticas que arrojaban un escaso 0.2 por ciento para los casos cotejados en que un liberado con anticipación reincidía. Me pregunto ¿cuántos puntos porcentuales vale una vida inocente? Gracias a la misericordia oficial hay siete pitbulls humanos sueltos ahora mismo en el estado. En caso de ser usted, me cuidaría tanto como a sus hijos y demás familiares. Si mañana uno de los suyos desaparece por causa de una reincidencia, no podrá sustituirlo igual que a una caja de herramientas.
Otorgar el ansiado perdón ha sido concebido históricamente como la máxima presunción del poder. De manera explícita lo enuncia Schindler (dentro del exitoso largometraje dirigido por Spielberg), cuando, intentando manipular a un oficial alemán en aras de salvar la vida de algunos judíos, afirma que sólo los grandes tienen tal privilegio. Con el pulgar levantado, los emperadores romanos perdonaban la vida de un gladiador que en la arena había demostrado suficiente valor y destreza. El designio en ambos ejemplos podría ser común. El origen de la consabida piedad, en cambio, es muy distinto. Mientras el primero pugnaba por la libertad de una comunidad, el segundo apenas aseguraba la posibilidad de volver a disfrutar de una pelea protagonizada por tal cual combatiente. 
¿Qué intereses mueven a un mandatario a concebir el citado perdón? Esa es la primera pregunta que debiera contestar, en cimera instancia, la ciudadanía. ¿Ayuda al prójimo o a sí mismo? ¿Qué debemos interpretar de los pasos de baile compartidos por el ex recluso y su libertador? ¿Alegría verdadera o publicidad calculada? El hecho en sí resulta un arma de doble filo. Las reincidencias de Ricardo Reyes Barbosa y Marcelino García Durón, que siguieron a la de Luis Alberto Díaz, provocaron reacciones y críticas en sectores sociales y políticos contra las autoridades. Nada convenientes este año, cuando se llevarán a cabo comicios por las diputaciones del Congreso local que imponen la necesidad de ganar adeptos a la causa priísta.
La pregunta es ¿hasta dónde podría llegar el gobierno para evitar que el nombre de su Ejecutivo, conjuntamente con la maquinaria partidista que representa, sean profanados con nuevas reincidencias? Nuevamente salta a la vista la condición enunciada por El Chapo: “Si yo fuera…”.
Espero estar en un error, pero si yo fuera uno de los reos liberados sentiría como si me hubiesen regalado una especie de licencia para delinquir. En el barrio o en mi pandilla decir que el profe me soltó habría de convertirme ipso facto en una especie de “protegido” sin precedentes. No es de extrañar que la presión ejercida tras el descalabro de estos tres ex reos activara “mecanismos de defensa” enfocados a que la población no se alarme por otra fechoría parecida. Mas ¿cómo hacerlo? ¿Controlando a plenitud a quienes resultaron liberados? Parece labor imposible. ¿Evitando que la noticia de una reincidencia se difunda en los medios? Opositores al mandatario rastrean estas primicias como perros de presa. ¿Amañando o restándole importancia al suceso? El que nuevamente hayan liberado a Luis Alberto Díaz por falta de una denuncia resulta un detalle sumamente extraño después de que Raúl Gallegos Castañeda, propietario de la vivienda afectada, firmara justamente una denuncia por robo de artículos diversos con la intención de garantizar la detención del individuo (Palabra, 2-1-2008). Asimismo, que se devolviera a las calles a Ricardo Reyes Barbosa por considerarse que había cometido solamente una falta administrativa, señala claramente a la tercera de las preguntas.
Ni a Luis Alberto Díaz, ni a Ricardo Reyes Barbosa, ni a Marcelino García Durón se les puede culpar por haber reincidido. La conciencia de cualquiera de ellos no tuvo el tiempo que se creía imprescindible para repasar su actitud, sus errores, las maneras de enmendarse y darse a sí mismos la oportunidad de reincorporarse a la sociedad… si acaso lo hicieran. Como alimentos mal cocidos los sacaron de la olla antes de que estuvieran listos. Crudos entraron, crudos salieron y así seguirán.
Al final de esta historia, casi fábula, ¿qué moraleja nos queda? Pues que el estado viene a ser caldo de cultivo para estos agentes sociales que suelen residir y camuflarse entre la gente sana. A la posibilidad real, enunciada por el propio Luis Alberto Díaz,  de que no siempre son capturados al perpetrar un delito, se suma ahora la suerte de que puedan ser liberados sin cumplir condena.
De nuevo: si yo fuera… esta vez El Chapo de Sinaloa, cambiaría al momento mis versos por otros quizás menos sensibleros, pero mucho más realistas. Cantaría:

Si yo fuera ladrón
Me iría a Coahuila
Me robaría lo que fuera
Y seguro me soltarían

Sólo queda entonces bailar. Ya se sabe, de preferencia “colombiano”. E4