|
Pemex, fuente de corrupción, intrigas políticas
y tráfico de influencias
¿Cuántos de estos tractocamiones no estarán circulando en este momento? |
Gerardo Moyano |
El decomiso de un camión de SIMSA con marihuana en San Quintín,
Baja California, y la investigación de la Auditoría Superior
de la Federación contra empresas de Antonio Juan Marcos Issa,
convertido ahora en naviero, atrae la atención del gobierno
federal a la La Laguna
Lucha antidrogas.
El cargamento iba a Tijuana |
Una y otra vez, La Laguna ha sido calificada como paraíso para el narcotráfico. Todo mundo (vecinos, funcionarios, periodistas…) aceptan el problema y, en mayor o menor medida, hablan sobre las fortunas que en su entorno han florecido.
Muchos hablan del tema, sí, pero pocos son los que aportan nombres, información concreta sobre empresas y empresarios que aprovechan resquicios legales para burlar al fisco y otros que, ocultos en las sombras, blanquean dinero del narco, venden protección y penetran el poder público.
Gente en apariencia respetable podría estar involucrada en el negocio de las drogas. Nadie imaginaba, por ejemplo, que Óscar Arriola, identificado por la PGR como el líder del cartel de “Los Arriola”, operaba en Torreón a plena luz, hasta que agentes de la AFI lo detuvieron en su residencia de El Campestre Torreón, en el operativo “Toro Cuatro”, el 2 de febrero de 2006.
Entre el 19 y el 20 de diciembre pasado, Televisa dio la noticia de que tres toneladas de marihuana habían sido decomisadas por el Ejército cerca de San Quintín, Baja California, a bordo de un camión cisterna que transportaba gas.
Joaquín López Dóriga, Carlos Loret y Adela Micha mostraron en sus noticiarios el cargamento junto al tráiler con las siglas “SIMSA”, coincidentes con las de un grupo lagunero que en los diez últimos años ha registrado un crecimiento extraordinario. La droga tenían por destino Tijuana, uno de los cruces preferidos del narcotráfico.
El dueño de SIMSA es Salomón Issa Murra, empresario del rubro gasero con influencias políticas y policíacas. En 2003 fue reconocido por la Cámara Nacional de Comercio de Torreón como uno de los comerciantes más notables de la ciudad. En 2005 volvería a aparecer en la prensa al conseguir para su grupo el permiso de autoabasto de gas natural autorizado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Primo suyo es Antonio Juan Marcos Issa, quien de industrial textil —negocio que compartió con hermanos y sobrinos suyos— y burócrata de altos vuelos saltó a empresario naviero después de haber sido funcionario de Pemex en los últimos meses del gobierno del presidente Zedillo y todo el sexenio de Fox. Marcos Issa fue secretario de Finanzas de Rogelio Montemayor, quien lo introdujo en la paraestatal.
En diciembre de 2000 se convirtió en jefe de asesores del primer director de Petróleos Mexicanos no priísta, Raúl Muñoz Leos. Curiosamente, al poco tiempo se descubrió el “Pemexgate”. Cuando Montemayor fue acusado de desviar mil cien millones de pesos a la campaña del candidato del PRI a la Presidencia, Francisco Labastida, muchos voltearon a ver al encumbrado ex secretario de Finanzas de Coahuila.
Paralelamente, SIMSA creció y se consolidó como una de las empresas más fuertes de la región. Su expansión, dentro y fuera de La Laguna, donde compra gasolineras y otras propiedades, parece no tener fin.
Hoy, la Auditoría Superior de la Federación investiga a Antonio Juan Marcos Issa por el presunto uso de influencias en Pemex para favorecer a una de las empresas de su grupo, Blue Marine Technology, con contratos irregulares que a la paraestatal le han significado pérdidas multimillonarias.
SIMSA tiene relaciones con el Grupo Zaragoza, de Ciudad Juárez, en cuyas instalaciones de Ensenada fue revisado el tráiler asegurado por el Ejército en Baja California.
El grupo, dirigido por la familia Zaragoza Fuentes y sus descendientes Zaragoza López, está constituido por cerca de ochenta empresas agroindustriales, energéticas, tiendas de autoservicio y concesiones cerveceras. Su nombre ha figurado en escándalos por presuntos casos de corrupción, narcotráfico y tráfico de influencias, documentados por la revista Proceso.
A pesar de la poca difusión en los medios locales sobre el decomiso de droga en San Quintín, la justicia federal acumula material para investigar vínculos entre empresarios locales y el crimen organizado, lo que podría tirar del hilo de una madeja de corrupción. El dueño de la gasera de Torreón mantiene estrecha cercanía con magistrados y autoridades policíacas.
El decomiso
López Dóriga.
Decomiso en San Quintín |
La noche del 18 de diciembre, personal del 67º Batallón de Infantería detuvo un camión cisterna en el puesto de revisión de El Rosario, Baja California, para una revisión de rutina. Cuando los elementos se percataron de que la tapa del tanque presentaba huellas de haber sido removidas, decidieron hacer una inspección más exhaustiva.
El vehículo, con las siglas SIMSA, fue trasladado a las instalaciones de la Gasera Z de Ensenada, ubicada en la delegación municipal Vicente Guerrero, donde se realizó la revisión con el apoyo de técnicos de Bomberos y Protección Civil de San Quintín, especializados en el manejo de tóxicos.
Una vez desarmado el tanque de gas inyectado, los militares descubrieron cuatrocientos treinta y seis paquetes de marihuana envueltos en nylon color negro, asegurados con cinta canela. En total pesaron dos mil setecientos diez kilogramos, cuyo valor estimado supera los cincuenta y cuatro millones de pesos.
El tractocamión modelo 2001, con placas 793-DY-4 de Baja California, color blanco y con franja transversal de colores amarillo y negro, serie 43502793, pertenece a la compañía Grupo SIMSA. Su razón social es Autotransportes Presurizados S.A. de C.V.
Julio Barreto Ramírez, de treinta y cuatro años, conductor del tráiler y oriundo de El Mezquital, Michoacán, declaró que procedía de Santa Rosalía, Baja California Sur, y viajaba con destino a Tijuana.
La Agencia del Ministerio Público Federal de esa plaza inició la averiguación previa AP/PGR/BC/SQ/149/2007/UNICA, la cual fue enmarcada dentro de la lucha federal contra el narcotráfico a través de un conjunto de acciones bajo la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012 y Operación Conjunta Tijuana.
La noticia no adquirió mayor relevancia en los medios de comunicación locales. Sin embargo, al informar sobre el decomiso en el Noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga, preguntó: ¿Cuántos de estos (tractocamiones) no estarán circulando en este momento? (19 de diciembre-07)
El decomiso es resultado de la lucha que el gobierno federal ha declarado contra el narcotráfico. En el primer año de la administración de Felipe Calderón se incautaron cincuenta toneladas de cocaína, un récord en la materia.
Dos días después del decomiso de droga en San Quintín, el presidente reafirmaría su compromiso ante los mandos y personal de la Armada. Hoy sabemos también que el enemigo de México busca mantener su poder mediante la violencia y la intimidación; yo reitero que a mayor violencia, más dura será la respuesta del estado mexicano para castigarlos y también, en el caso de este gobierno, de las Fuerzas Armadas y de millones y millones de mexicanos. Nuestra convicción profunda de servir va mucho más allá que cualquier intento de intimidación o amedrentamiento, sostuvo.
Negocios de familia
Juan Marcos.
De burócrata a naviero |
La investigación de la PGR será la que determine si el Grupo SIMSA, uno de cuyos directivos, Nesim Issa Tafich, es mencionado como aspirante del PRI a la alcaldía de Torreón, tiene alguna responsabilidad por el decomiso de droga en una de sus unidades. Mientras tanto, el caso trajo a la mente la historia de una de las empresas de mayor crecimiento en la última década, después de un conflicto con Banamex.
Los manejos de Antonio Juan Marcos Issa en el negocio energético nacional, como funcionario de Pemex, son hoy objeto de investigación.
Cuando Rogelio Montemayor, al término de su gobierno, llegó a la dirección de Pemex, designado por el presidente Ernesto Zedillo, nombró a su ex secretario de Finanzas coordinador de asesores, puesto que mantendría aun después del escándalo por el presunto desvío de fondos hacia la campaña de Francisco Labastida. En el gobierno de Fox, Marcos Issa fue ratificado por Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo.
Recientemente, el ex funcionario coahuilense fue acusado de haber beneficiado a su naviera (Arrendadora Ocean Mexicana) con contratos millonarios de Pemex. Los trabajadores de la empresa aseguran que desde hace tiempo la contratación de embarcaciones se ha convertido en un negocio turbio, el cual ha sido fomentado por Antonio Juan Marcos y su yerno Juan Reynoso. También señalan al hermano de éste, Alfredo, y a Amado Omar Yáñez Osuna, presidente de la empresa Oceanografía y vinculado a la familia Bribiesca Sahagún, quien está sujeto a investigación en el Congreso.
Según ex empleados de AOM, la presunta red de tráfico de influencias opera desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, por intermediación de las empresas Subtec, Arrendadora Ocean, Blue Marine y Oceanografía.
De acuerdo con estas versiones, los empresarios se agencian licitaciones de obras y de adquisición de bienes y servicios por cientos de millones de dólares, a cambio de jugosas comisiones, las cuales van desde el veinte hasta el cuarenta por ciento del monto de los contratos.
Juan Marcos preside el Grupo Blue Marine y la Auditoría Superior de la Federación lo señala como presunto responsable de un quebranto por más de sesenta millones de pesos contra Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con el órgano fiscalizador del Congreso, la petrolera negoció las contrataciones de los buques tanque Torm Asia y Akrotiri, para favorecer a Arrendadora Ocean Mexicana (perteneciente a Blue Marine) con enormes irregularidades.
La empresa de Antonio Juan Marcos logró su primer gran contrato en 2005, cuando se adjudicó una licitación por ciento diez millones de dólares por los servicios de dos embarcaciones de cuarenta y siete mil toneladas cada una, las cuales serían rentadas a la naviera danesa Torm. Pemex Refinación emitió el fallo referente al primer bloque de barcos en favor de Arrendadora Ocean Mexicana, que se quedó como único postor, luego de que otras compañías decidieron retirarse.
La Auditoría Superior de la Federación sostiene que para favorecer a Arrendadora Ocean Mexicana, Pemex Refinación desechó la oferta más económica, en perjuicio de la paraestatal. Una de las empresas satélites de Petróleos Mexicanos, PMI Trading Ltd., había presentado una cotización más baja en ese mismo concurso de 2005, pero las adjudicaciones de los contratos del buque Torm Asia, por setenta y cinco millones setenta y dos mil pesos, y del Akrotiri, por veinticuatro millones setecientos cuarenta y dos mil, fueron para la empresa de Marcos Issa.
AOM se dedica a la renta de embarcaciones para mantenimiento y construcción de plataformas para Pemex Exploración y Producción. Además de la Arrendadora, el Grupo Blue Marine está constituido por Ocean Mexicana, Subtec y Blue Marine Special Projects, todas dedicadas a prestar servicios a la paraestatal.
El conglomerado ha sido señalado como integrante de una “verdadera mafia” por la revista Fortuna. Según la periodista Nancy Flores, el controvertido contrato suscrito entre Pemex y la trasnacional Bergesen, representada por Blue Marine, oculta una red de corrupción encabezada por funcionarios públicos y directivos.
El caso involucra recursos públicos por al menos setecientos cincuenta y ocho millones de dólares, destinados al arrendamiento del primer barco tipo FPSO (el barco petrolero más grande del mundo denominado Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga).
La revista Poder y Negocios también dedicó un amplio artículo sobre la relación del ex asesor petrolero Antonio Juan Marcos y la trasnacional Bergesen. El coahuilense, a su vez, descarta que exista conflicto de intereses. Las licitaciones que Arrendadora Ocean ha ganado en Petróleos Mexicanos no tienen nada que ver en absoluto con situaciones de influyentismo, o de preferencia, o de capitalismo de compadres, de ninguna especie.
El presidente de AOM es hermano del ex alcalde de Torreón, Salomón Juan Marcos Issa. El periódico La Jornada (25 de marzo de 2006) lo señala como un industrial textil vinculado a otro rico industrial de la Comarca Lagunera, Ernesto González Madero. De sus empresas algodoneras sale la mayor parte de los insumos para la cadena de fábricas de mezclilla de Kamel Nacif. En la administración de Martínez y Martínez le fue incautado un avión de su propiedad, operado por el narcotráfico.
También menciona a Salomón Juan Marcos Villarreal como textilero, socio de Kamel Nacif y propietario de cuatro jets, pese a la crisis que atraviesa la industria en La Laguna… las cuentas bancarias de Marcos Villarreal no parecen resentirlo. Su hangar privado, cerca del aeropuerto comercial, luce unas hermosas palmeras en la fachada.
Política y negocios
SIMSA fue fundado en 1967. Se define como grupo de empresas laguneras orientadas a la producción y distribución de bienes y servicios en diferentes divisiones tales como transporte, energéticos, construcción, entre otros.
Las diecisiete empresas que lo conforman se distribuyen en varias divisiones: Transporte, Gas LP, Gasolina, Volvo, Inmobiliaria, Gas Natural, Alimentos, Agregados para la Construcción y Prestadora de Servicios Administrativos.
Al acceder a la División Transporte, en su página de Internet se puede ver la imagen de un tractocamión con las mismas características que el decomisado en Baja California.
El consorcio lagunero tiene relaciones con el Grupo Zaragoza, más conocido como Grupo Zeta, involucrado en escándalos de los que han dado cuenta medios nacionales.
A Miguel Zaragoza Fuentes y a su hijo Jesús Zaragoza López se les llegó a vincular con el cártel de Juárez. La esposa de Rafael Aguilar Guajardo, ex policía y ex jefe de esa organización criminal, es cuñada de Pedro Zaragoza López.
Existen casos que podrían documentar esa relación. Según investigaciones de la DEA, los vehículos de la empresa servirían para transportar cocaína que procede de Colombia, se guarda en bodegas de Ciudad Juárez y es llevada hacia El Paso, Nuevo México y California. En 1990, una pipa de Hidro Gas fue detenida en la aduana Mesa de Otay, California, con tres mil novecientos cincuenta y siete kilos de cocaína, pero la investigación fue sorpresivamente detenida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En 2001, según datos del Congreso de la Unión, la familia Zaragoza controlaba el treinta y ocho por ciento del mercado de distribución del gas licuado de petróleo (LP), y aparecía en la lista de deudores cuyos créditos fueron absorbidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Tan solo Hidro Gas Juárez debía doscientos sesenta millones de pesos.
El poder del grupo es tal que su expansión lo ha llevado a Centro y Sudamérica, donde al parecer se le conoce como “el cartel del gas”. En Perú, donde invirtió durante el gobierno de Alberto Fijumori, ha sido denunciado por supuestos actos de corrupción y prácticas monopólicas.
Durante la campaña presidencial de 2000, el Grupo Zaragoza hizo aportaciones a los Amigos de Fox en Chihuahua. También apoyó la candidatura de Felipe Calderón. E4 
|
