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Acuerdos entre Los Pinos y el PRI, por las reformas fiscal
y electoral, habrían cerrado el caso
La Corte y el Presidente, embarrados por Marín |
Gerardo Moyano lacios |
Con la exoneración de Mario Marín, todo el país recibe un duro golpe, mientras
la justicia se echa la soga al cuello. Instituciones políticas y medios de comunicación también cargan con la culpa.
El presidente, en el medio de la tormenta
 El año 2007 cierra con otro golpe para el periodismo, uno que también alcanza a la justicia, a las instituciones públicas, al presidente de la Nación, a los medios y a la sociedad en general. La exoneración del “gober precioso” de Puebla obliga a una reflexión sobre la funcionalidad del Estado de derecho, en la cual casi todos deberían asumir parte de la culpa.
n La justicia, por defraudar a la ciudadanía y aumentar la desconfianza de los mexicanos hacia las instituciones públicas, orillándolos a dejarse caer aun más en la cultura del “todo se puede arreglar”.
n Las instituciones públicas y el presidente, por jugar un papel pasivo y apegarse al cómplice “respeto de la máxima autoridad”.
n Los medios por no dar seguimiento al caso, aun cuando se trata de la represión en torno a una colega.
Todos son culpables de responder —por complicidad o desgano— a los intereses que piden no generar presión en la opinión pública en temas tan delicados como el de la tortura y la pederastia. Los ciudadanos lo son por la falta de acción, de exigencias, por condenar a esos revoltosos que piden justicia ante un edificio público, obstruyendo el camino hacia el lugar de trabajo.
El fallo es tan absurdo como los argumentos que lo sustentan. Decir que Lydia Cacho no denunció formalmente ser maltratada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla o considerar que las conversaciones telefónicas entre el clan Marín-Nacif-Succar no son pruebas contundentes, es un insulto a la investidura del Poder Judicial y al pueblo mexicano.
Lo único que gana la justicia es la condena internacional, la cual intensificará el poder de los reflectores cuando Lydia Cacho recurra a instancias supranacionales para buscar la justicia que no pudo encontrar en su propio país. No bastaba que México sea ubicado entre las naciones más represivas del mundo contra los periodistas; no, ahora además tiene que amparar ese aparto represivo para dar luz verde a políticos o criminales que quizás estaban dudando sobre continuar con sus extorsiones.
La justicia dejó pasar una oportunidad única. Cuando tomó el caso en sus manos, una esperanza se instaló en la mente fatigada de Lydia Cacho, la cual se contagió al resto de los habitantes del país. En estos momentos la tristeza invade a todos por igual, y si no fuera porque los medios han dado muestra de su corta memoria, la cicatriz sería tan difícil de cerrar para todos como lo será para la
periodista.
Y en el ojo de la tormenta, el presidente. Su afán por conseguir las reformas estructurales que enarbola cual banderas de su administración, lo ha convertido de “ un gran negociador “ al sospechoso de oscuros pactos con el PRI para sacarse de encima al pesado monstruo perredista.
Lo cierto es que con esta decisión de la Corte, todos pierden. Y aunque también pierde Mario Marín (quien a pesar de expresar irónicamente que la investigación no le quitó el sueño, deberá arrastrar la imagen de corrupto durante el resto de su vida), principalmente pierden los miles de niños que son víctimas de abuso sexual por las redes de pornografía infantil que se extienden en México bajo el amparo de políticos como el poblano y otros de su calaña.
Y mientras la solución para enfrentar problemas tan graves como el de la violencia contra niños, mujeres o periodistas, sea la creación sistemática de fiscalías especiales, es seguro que el país seguirá a merced del crimen organizado.
Un oscuro proceso
 El 16 de septiembre de 2005, la pesada mano del gobernador de Puebla, Mario Marín, cayó sobre Lydia Cacho. Por orden del gobernador, diez policías poblanos detuvieron sin orden judicial a la periodista frente a las instalaciones del Centro Integral de Atención a la Mujer de Cancún (fundado por Cacho en 2001). Después de una pesadilla de veinte horas a través de cinco estados y en la que sufrió amenazas de muerte (podría haber sido peor si sus colegas no hubieran movilizado a la prensa), fue ingresada al Reclusorio Oriente de Puebla, donde amagaron con encerrarla junto a las reclusas más peligrosas.
Sin embargo, era demasiado tarde, la noticia ya estaba en todos los medios, por lo que fue interrogada por la juez penal y puesta en libertad bajo caución tras el pago de una fianza . Ahí comenzaba el periplo judicial en el que, tras un obstaculizado proceso (con robo de expedientes y hasta de su computadora personal), la periodista pasaría de acusada a demandante, aunque con el resultado ya
conocido.
Desde ese momento, Lydia Cacho supo quiénes estaban detrás de su detención: Kamel Nacif y Succar Kuri, de quienes había mencionado que formaban parte de una red de pornografía infantil en su libro Los demonios del Edén. Semanas más tarde, las sospechas serían confirmadas con la aparición de la famosa conversación telefónica entre el “gober precioso” Marín y el “rey de la mezclilla” Nacif, en la cual el mandatario poblano se jacta de haberle dado un “coscorrón a esa vieja cabrona”.
La periodista fue acusada de los delitos de difamación y calumnia, pero el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se declaró incompetente en enero de 2006 y el juicio se trasladó a los tribunales de Cancún.
Con las grabaciones aparecidas en febrero de ese año, Lydia Cacho decidió interponer una denuncia ante dos fiscalías, la Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y la Especial para Delitos Cometidos Contra Periodistas. Los acusados: el gobernador Mario Marín, el empresario Kamel Nacif, la procuradora de Puebla, Blanca Villena, y la Jueza Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.
La batalla jurídica se extendía así a dos frentes. Mientras tanto, Jean Succar Kuri era detenido en Arizona por orden de la Interpol y un juez de ese estado anunciaba la extradición a México que se cristalizaría dos meses más tarde.
En abril de 2006, la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión histórica y decidió por seis votos a favor y cuatro en contra investigar si el gobernador de Puebla violó los derechos de la periodista, obteniendo así una oportunidad única para ganar credibilidad en un país descorazonado por la falta crónica de justicia.
Sin embargo, enseguida se comenzaron a ver las diferencias entre los ministros. Por un lado, los “marinistas” Guillermo Ortiz Mayagoitia, la ministra Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín se apresuraron a declarar que “no existían elementos suficientes para demostrar que el gobernador de Puebla había atentado contra los derechos humanos y garantías de la periodista”.
Por el otro lado, las investigaciones del ministro Juan Silva Meza indicaban lo contrario. Con él coincidía el ministro Genaro Góngora Pimentel al reconocer que existían elementos suficientes para probar que Lydia Cacho fue víctima de tortura psicológica durante su detención y traslado de Cancún a Puebla. Estos ministros sostuvieron desde un principio que las llamadas telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla sí debían considerarse una prueba en la indagatoria.
Finalmente, en enero de este año, Cacho ganó la batalla en el frente de acusada y fue exonerada por el delito de difamación. Al mismo tiempo, la SCJN determinó que investigaría a autoridades del estado de Puebla (al gobernador Mario Marín, la procuradora estatal Blanca Alicia Villeda y la jueza local Rosa Celia Pérez González) y de Quintana Roo, para determinar si hubo confabulación para violar los derechos de la periodista.
Desafortunadamente, más tarde la Corte volvería a dar muestras de su división y seis meses después del anuncio de la investigación, decidió aplazar el análisis del caso hasta tener nuevos lineamientos. Entre estos, se determinó que las llamadas telefónicas y las cintas de audio serían descartadas como líneas de investigación.
El dictamen de la vergüenza
 No obstante, para finales de este año, cuando ya se hacía insostenible el aplazamiento del dictamen, la balanza parecía inclinarse a favor de Cacho. Los medios comenzaron a filtrar información sobre los resultados de la investigación encabezada por Silva Meza, donde se ventilaba que los resultados serían adversos para Marín, la procuradora Villeda, el ministro poblano Pacheco y para la jueza Pérez González.
Se habló de que la SCJN se pronunciaría por someter al “gober precioso” a juicio político en la Cámara de Diputados Federal ya que éste utilizó el aparato estatal (mediante sus funcionarios públicos y del sistema judicial) para detener a la periodista. Es más, se filtró que se pediría a la PGR que ejercitara acción penal contra los procuradores de la entidad, por un “presunto” intercambio de llamadas telefónicas para la detención de Lydia Cacho.
Incluso se especulaba sobre el desafuero del ministro Guillermo Pacheco, quien debería ser consignado a tribunales por haber “operado de manera irregular para que se cambiara la decisión de una juez penal que originalmente había negado una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, dentro del juicio por difamación y calumnias que en 2005 inició en su contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge”. También se habló sobre la destitución de Rosa Celia Pérez, jueza quinto de lo penal, quien ordenó la captura de la periodista, se negó a darle medidas cautelares, dictó el auto de formal prisión contra Cacho y luego se declaró incompetente para seguir el juicio.
Incluso el periódico La Jornada señaló haber tenido acceso a las recomendaciones del informe en el cual también se destacaba que desde hace más de veinte años operan redes de prostitución infantil con nexos internacionales en diversas ciudades del país y vaticinaba unas sesiones divididas por las posturas manifestadas entre los ministros del máximo tribunal del país.
Pero todo se vino abajo, y con seis votos en contra los ministros decidieron no incluir la pederastia en su línea de investigación, argumentando que el objetivo fundamental de la indagatoria es la existencia o no de un posible concierto de autoridades de Puebla para violar los derechos fundamentales de Cacho Ribeiro.
El argumento fue apoyado en bloque por los ministros que desde un principio se opusieron a que la Corte ejerciera su facultad de investigación, Azuela Güitrón, Aguirre Anguiano y Valls Hernández.
Fue justamente Aguirre Anguiano quien arremetió en contra de la comisión investigadora encabezada por su colega Juan Silva Meza, a quien acusó de haber extrapolado el mandato que le dio el pleno y estarse metiendo en temas que no son de su incumbencia.
Era sabido que los tres ministros “marinistas” votarían en contra del dictamen, argumentando cuestiones técnicas, pero se confiaba en que el resto reconocería la investigación que durante meses recabó pruebas, entrevistas, documentación exigida a las autoridades y que demostraba fehacientemente que existió una operación para reprimir a la periodista por encargo de Kamel Nacif. Y es que no había razón alguna para no reconocerla, no existía ninguna otra investigación más que aquella de más de mil fojas con la descripción de los hechos descritos por Silva Meza. El sentido común indicaba que el dictamen sería en contra de Marín.
Sin embargo, a último momento, dos ministras (irónicamente mujeres), Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna, cambiaron su voto, aun cuando en los días anteriores habían apoyado las conclusiones de Meza.
Así, en una apretada decisión, con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte determinó que el gobernador Mario Marín no puede ser llevado a juicio por presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista ni podrá ser investigado por las conversaciones telefónicas donde se evidencian los delitos de pederastia y abuso infantil.
¿Por qué?
El alivio reflejado en el rostro del presidente Ortiz Mayagoitia cuando se conoció la votación final abre interrogantes sobre con quién se cumplió al favorecer a Mario Marín.
El fantasma de un pacto por las reformas que necesita pasar Calderón en el Congreso, y que son el principal estandarte en el primer año del gobierno federal, se comenzó a pasear por las calles, los medios, las instituciones
públicas.
Sea como sea, todo parece indicar que lo sucedido en la corte se decidió en otro ámbito que no es exactamente el jurídico. Se convirtió en un asunto de estado y el hecho de que la decisión se haya aplazado hasta después de las elecciones de Puebla, aumenta las sospechas.
Trascendió que el gobierno federal había solicitado al PAN que sus candidatos en Puebla no hicieran campaña mencionando al “gober precioso” y el caso Lydia Cacho, pero el resultado fue negativo. En 2006, Calderón arrasó en el estado gobernado por Marín, pero este año, semanas antes del juicio, Marín obtuvo el triunfo en Puebla con Calderón gobernando el país.
Las sospechas no son una ocurrencia arbitraria. Por donde se le mire, el gran perdedor si Marín hubiera sido enjuiciado habría sido el gobierno federal. Si la PGR hubiera empezado a detener a las autoridades poblanas, su relación con el PRI se hubiera visto afectada o, de lo contrario, si no hubiera reaccionado, se hubiera visto como cómplice.
Pareciera que la exoneración fue un mal trago que el presidente decidió pasar, confiando en que el escándalo quedará sepultado en los medios que ya han dado pruebas de su escasa atención a lo largo de todo el proceso. La ministra Margarita Luna Ramos habla de que el fallo no defiende de ningún modo un acto de impunidad y dice que “no significa que otras autoridades no puedan o no deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad”. Es parte de la arraigada cultura de lavarse las manos, de mover la brasa caliente a otro. Triste, pero cierto.
En todo caso, lo único positivo que queda del despreciable asunto es el triunfo moral de Lydia Cacho, ya que la gente le cree más a ella que a una Corte Suprema que dejó pasar una posibilidad inigualable de ganar credibilidad y demostrar que en México la justicia sí existe.E4 
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