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18 de diciembre de 2007


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315 - 314

País sin ley

Mientras en México falte Estado de derecho pleno, el país seguirá a la deriva. ¿Pactó Felipe Calderón con el PRI la absolución del gobernador de Puebla, Mario Marín, a cambio de votos en el Congreso para alcanzar las insuficientes y menesterosas reformas que blasona como principales logros de su primer año de gobierno? Si así fue, malo para el presidente, malo para el país y peor para el periodismo, atrapado de nuevo en las redes de la corrupción, la connivencia oficial y la impunidad.
Por eso y muchos ejemplos más que a diario se repiten y permanecen sin castigo —como la golpiza cobarde que Héctor Faya, secretario particular del procurador de Justicia de Coahuila, ordenó propinarle a Enrique Albeniz, por medio de la Policía Ministerial, hace tres meses— en México el delito no se inhibe, se estimula. Así, un servidor del “gobierno de la gente” la emprende contra un ciudadano; un alumno, incluso de primaria, reta al profesor que le pide estudio, un joven se rebela contra la autoridad, un periodista se siente con el derecho de difamar. ¿Quién pone orden?
Cruzar la frontera con los Estados Unidos, se ha dicho hasta el infinito, obra milagros. Gente que falta aquí al reglamento más sencillo, allá no tira un papel, cruza las calles por las esquinas, respeta los semáforos y los límites de velocidad. La causa es simple: existe autoridad y el Estado de derecho se aplica sin distinción de sexo, raza, credo, militancia partidista, profesión o empleo. Aunque el sistema norteamericano también tiene sus asegures, hay que decirlo: corrupción, tolerancia al tráfico de drogas, xenofobia…
En Estados Unidos, Bob Woodward y Carl Bernstein, periodistas de The Washington Post, descubren el escándalo Watergate y cae Nixon (1974) por haber mentido a su pueblo. Aquí Lidia Cacho desentraña una compleja red de pornografía y abuso infantil y desenmascara al gobernador de Puebla y a sus secuaces Kamel Nacif y Jean Succar, y es encarcelada, vejada. Marín sigue en su palacio y la Corte, el poder que se suponía era el último refugio de la sociedad, queda embarrada.
Igual que los precedentes inmediatos, este fue un mal año no sólo para el periodismo, sino para el Estado de derecho en general. De nada sirven las fiscalías especiales, la retórica de los partidos, en particular del PAN que es gobierno, los discursos enfebrecidos de los políticos que hinchan el pecho en defensa hipócrita de las libertades, en particular de la de expresión, pero que, puñal en mano, la agraden con actos y leyes que aprueban en el Congreso. Sin ley y autoridades que velen por su cumplimiento, México será siempre un país de criminales.

 

 
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