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Grupo Modelo pagará con boletos los ciento setenta millones
de pesos que el Estado y el Municipio aportarán para la obra
Los guerreros y su estadio,
en el entramado electoral |
Gerardo Moyano lacios |
No es la primera vez que el gobierno del estado invierte
en proyectos privados cuyo propósito es la atracción de visitantes, inversiones y empleo. Sin embargo, las experiencias con el Autódromo del Norte y TACSA, en los sexenios de Eliseo Mendoza y Rogelio Montemayor, resultaron desastrosas y trágicas
En su intento por captar el voto en el bastión panista de la Comarca Lagunera, el equipo de Humberto Moreira apuntó al corazón de la afición santista. La promesa de un nuevo estadio, catalogada por la oposición de oportunista y populista en su momento, le valió al PRI una buena cosecha de votos en las elecciones para gobernador de 2005. Sin embargo, insuficiente para ganar Torreón.
A dos años de aquel proceso y a meses de las elecciones para nombrar nuevo Congreso, el gobernador decidió asumir los costos (y réditos) políticos: el 14 de noviembre anunció ciento cincuenta millones de pesos en cumplimiento a una promesa y a una vieja demanda de los laguneros. La futura casa del Santos, como parte de un complejo comercial, responde a las necesidades de algunos sectores, no sólo por lo obsoleto del estadio actual, sino porque la falta de instalaciones de ese tipo ocasiona la pérdida de visitantes y acaso también de inversiones. Sin embargo, si de apremios se trata, la falta de escuelas, centros de salud y obra pública coloca otras prioridades sobre la mesa.
Pero si la oposición exige cuentas claras y explicaciones de los beneficios que el estadio acarreará al estado, tampoco quiso quedarse fuera de la jugada y apoyará el proyecto con veinte millones de pesos a través del Ayuntamiento panista de Torreón que preside José Ángel Pérez.
En respuesta a las acusaciones de oportunismo, el gobierno puede argüir que apoyó el estadio aun cuando el equipo pasaba por una de sus peores rachas. Si la obra no se anunció antes, fue por la detención de Carlos Ahumada. El efímero dueño del equipo lo compró al Grupo Modelo, socio por partes iguales del gigante norteamericano Anheuser-Busch Cos. Inc., uno de los principales fabricantes de cerveza del mundo con ventas anuales por catorce mil millones de dólares.
Justo en el centenario de la ciudad, la suerte del Santos cambió radicalmente: de una temporada a otra pasó de la zona de descenso a súper líder, casi con el mismo plantel y la misma dirección técnica, situación que, en no pocos casos, provoca suspicacias. Al cierre de esta edición estaba a punto de pitarse el partido de ida contra Pumas en la ronda de semifinales.
No es la primera vez que el gobierno del estado invierte en empresas privadas, aunque todos los antecedentes en la materia son adversos. El Autódromo del Norte, en Ramos Arizpe, se construyó en el gobierno de Eliseo Mendoza, cuyo hijo era corredor y fanático del automovilismo. En la asociación participaron Promotora de Todo Evento, el negociante Víctor Mohamar y el empresario y político Alejandro Gutiérrez.
Tras varios años de operación, el autódromo pasó a manos de un banco. El gobierno de Enrique Martínez recuperó los terrenos para donarlos al Ayuntamiento de Ramos Arizpe y a Whirlpool, que se instaló en 2004.
El gobierno fracasó también en el negocio de la aviación. Transportes Aéreos de Coahuila (TACSA) se constituyó en 1992 con un grupo de accionistas encabezados por Alejandro Gutiérrez, aficionado a la aviación. La empresa cerró después del choque de uno de sus aviones antes de aterrizar en el aeropuerto de Piedras Negras, en 1995. Murieron nueve de los once pasajeros, entre los cuales figuraban políticos y empresarios.
La empresa ya había sido vendida entonces, pero los propietarios originales mantenían en secreto el nombre de los compradores. Investigaciones de Espacio 4 determinaron que entre ellos figuraba Rodolfo Mendoza, con la mitad de las acciones, además de formar parte del consejo de administración de varias empresas del entonces gobernador Rogelio Montemayo. El caso puso al mandatario bajo la sospecha de ser el verdadero dueño de TACSA.
Ahora, en el negocio del fútbol, el gobierno va de la mano de empresas líderes como Modelo, Peñoles, Soriana y Lala. Juntos decidieron darle a los Guerreros un complejo deportivo “único en el país” y quizá “uno de los mejores de Latinoamérica”. La administración estatal confía en que el proyecto generará una gran cantidad de empleos directos e indirectos, capitales y visitantes, que eventualmente detonarían la economía regional.
Un nuevo hogar
 La idea del estadio nuevo —esbozada por Montemayor, anunciada por Enrique Martínez y cumplida por Moreira— surgió después de que el Santos perdió su primera final en la campaña 93-94 frente a los Tecos de Guadalajara. El proyecto se pospuso por varias causas; entre otras, la venta subrepticia del equipo al empresario argentino Carlos Ahumada, que terminó en escándalo.
La nueva casa del equipo, que Moreira prometió en campaña, se estrenará en año electoral. En 2009 se renovarán los treinta y ocho ayuntamientos de Coahuila, cinco de los cuales se localizan en La Laguna; dos de ellos, Torreón y San Pedro, están en poder del PAN y el PRD, respectivamente. El gobierno será socio minoritario en la inversión de más de mil millones de pesos, pero el estadio figurará en los informes de gobierno como logro de la administración.
La noticia no pudo llegar en mejor momento. Después de una temporada para el olvido, la cual puso al Santos en la línea directa a la Primera A, el equipo evitó el camino que siguió Querétaro y comenzó una etapa de renovación. El técnico Daniel Guzmán llevó a los Guerreros a Manzanillo a una dura pretemporada, con cuatro nuevas contrataciones: el portero Miguel Becerra, los defensas Johnny García y Juan Pablo Santiago y el delantero Cristian Benítez.
Además del estadio, el proyecto dotará a la ciudad de un complejo deportivo de alto nivel, casa club y escuela de fuerzas básicas, así como de centros comerciales, hotel y otras instalaciones que planean estrenarse en 2009. El estadio tendrá capacidad para veintiocho mil personas en una primera etapa y para diez mil más en la segunda, un conjunto de cinco canchas de fútbol y un gimnasio de alto rendimiento.
Además de los ciento cincuenta millones de pesos del gobierno, el Ayuntamiento aportará veinte millones y otorgará exenciones fiscales. A cambio dispondrán de cinco mil y mil boletos anuales, respectivamente.
Para el gobernador, ese es un beneficio menor pues, según sus palabras, se trata de una obra necesaria. La gente de Torreón, los coahuilenses, necesitamos un espacio como el que se va construir. ¿Saben cuántos empleos va a generar… todas las camareras, meseros, choferes, gerentes, directivos que se van a contratar para el estadio, para el centro comercial, para el mantenimiento del estadio?
Sin embargo, para el líder estatal del PAN, Jesús Flores, el gobierno y el municipio deben aclarar el origen de los recursos y definir el beneficio para los coahuilenses. Tienen que transparentar de dónde se van a sacar (los ciento cincuenta millones de pesos) y si de alguna manera se van a regalar a una institución privada. Que expliquen si es un regalo o una
inversión.
El autódromo del olvido
 Bajo el argumento de atraer visitantes a un estado sin infraestructura turística, Mendoza Berrueto asoció al gobierno con un grupo de empresarios para construir “un autódromo de alto nivel”. En el proyecto participaron Alejandro Gutiérrez, Víctor Mohamar y Promotora de Todo Evento. El Autódromo del Norte de Ramos Arizpe fue exitoso en un principio, pero cuando empezó a arrojar pérdidas pasó a control de Bancrecer.
Por la funcionalidad de una de las pistas más rápidas del país, Alfonso Toledano, director de la Copa Corona, expresó su intención de manejar el Autódromo del Norte. Con patrocinio y algo de capital podría ingresarse a circuitos internacionales. Sin embargo, el autódromo siguió en manos de Bancrecer y fue un fantasma hasta que el gobierno de Enrique Martínez lo resucitó.
La administración negó reiteradamente su intención de rescatarlo, pero en 2001 erogó cinco millones quinientos diez mil pesos para adquirir el inmueble, justificando la compra por el potencial de desarrollo de la zona, destinada a “robustecer las reservas territoriales del estado”.
Este predio se compró por poco más de cinco millones de pesos, es una operación muy favorable para el estado y no se trata de que sea sólo el autódromo, son treinta y siete o treinta y ocho hectáreas que están en este terreno y son hectáreas estratégicas para reserva del estado, manifestó entonces el
gobernador.
En defensa de la transparencia y rentabilidad de la compra, Martínez aseguró que con tiempo representaría una gran inversión. Poco después, el gobierno donó a Ramos Arizpe entre cinco y diez hectáreas.
Entre las pocas carreras realizadas tras dos años de inactividad figuró la Fórmula de las Américas, una de las más rápidas en México, con autos de Fórmula 3, Fórmula R, Motos y Karts. Más tarde regresaría la Master Card Truck Series México.
En 2004, el gobierno afrontó por fin la realidad: por la escasa celebración de competencias deportivas y réditos económicos en quince años, el Autódromo del Norte “Gerardo Dominico Martínez” dejaría de funcionar de manera oficial y el cincuenta y cinco por ciento de su extensión pasaría a formar parte de un nuevo complejo industrial. La autorización del cambio de uso de suelo fue aprobada por el Congreso local y la transnacional Whirlpool edificó una planta en esa zona.
Para el gobierno fue la mejor decisión, pues la fábrica de electrodomésticos generó alrededor de dos mil empleos en una primera etapa y atrajo varios proveedores. El autódromo acabó en donación del estado a una empresa privada como incentivo para la creación de empleos y la atracción de nuevas empresas a la entidad.
TACSA: aventura trágica
Nombres de empresarios políticos y de políticos empresarios aparecen de nuevo en cuyo destino fue el mismo: el fracaso rotundo. En 1995, cuando la noticia por la desaparición de una aeronave de Transportes Aéreos de Coahuila (TACSA) conmovió a la sociedad, todo mundo comenzó a cuestionar el origen de la empresa.
Y cuando, a pesar de los rumores que indicaban lo contrario (algunos procedentes del propio de gobierno), se supo que sólo dos de las once personas que volaban en el Cessna 208 de TACSA sobrevivieron al accidente, los reflectores cayeron sobre Alejandro Gutiérrez, quien en un repentino ataque de amnesia dijo no recordar a quien habían vendido la empresa.
 Sin embargo, una investigación de Espacio 4 reveló el nombre de los propietarios en ese momento. De acuerdo con el acta constitutiva que este bisemanario publicó en su primera edición (20 de noviembre de 1995), los socios de la aerolínea eran el senador Francisco Dávila, el director general de Comunicaciones y Transportes del Estado, Gabriel Calvillo, el empresario Jaime Noé Cantú y la compañía Servicios Aéreos Ejecutivos de La Laguna (SAEL), representada por Rodolfo Mendoza Esparza.
Los dueños habían comprado las acciones al grupo presidido por Alejandro Gutiérrez, del cual sólo Cantú permaneció como socio. El nuevo consejo de administración lo conformaban Antonio Mario Dávila (presidente), Rodolfo Mendoza (tesorero) y Gabriel Calvillo (secretario), mientras que el entonces senador Dávila participaba como consejero.
Con este documento se cerraba una serie de especulaciones, ya que Gabriel Calvillo había negado tener intereses en la compañía y Alejandro Gutiérrez decía no recordar el nombre de los compradores, aun cuando él presidía el consejo anterior.
Una investigación del periódico Palabra, realizada años más tarde, aclararía el nombre de los integrantes de Servicios Aéreos Ejecutivos de La Laguna (SAEL) que hasta entonces permanecían en el anonimato. A cuatro años del avionazo en Piedras Negras se supo que Mendoza Esparza representaba a la empresa, era dueño de la mitad de las acciones de TACSA formaba parte del consejo de administración de negocios de la familia Montemayor.
La investigación evidenció el encubrimiento: el duplicado del acta constitutiva de SAEL desapareció de los archivos del Registro Público de Torreón; lo mismo ocurrió con el duplicado del acta de asamblea en la que los socios originales vendieron sus acciones a Mendoza Esparza y Alberto González King. Los libros de duplicado cuentan en ocasiones con más de cien escrituras; casualmente, en esos tomos las únicas que faltaban eran las de SAEL, indicó Palabra. Sin embargo, el periódico pudo acceder a los asientos registrales que consignaban los datos de la empresa.
SAEL fue creada el 27 de noviembre de 1989 por un grupo de inversionistas encabezados por Luis Enrique Mojica. El 4 de marzo de 1994 pasó a manos de Rodolfo Mendoza, propietario de 498 acciones y González King, dueño de dos. Tres meses después, el mismo Mendoza adquirió el cincuenta por ciento de las acciones de TACSA como titular de Servicios Aéreos Ejecutivos de la Laguna.
La participación de Mendoza Esparza en compañías de Rogelio Montemayor despertó sospechas. Muchos se preguntaban si Mendoza tenía capacidad financiera para iniciar una empresa de esa envergadura.
Lo cierto es que cada vez que se interrogaba a Montemayor sobre el asunto, el mandatario se exaltaba diciendo que se trató de un accidente que sería investigado por instancias federales y negaba todo vínculo con la
compañía.
A fin de cuentas, un tribunal de Texas condenó a la Western Aircraft, propietaria del avión accidentado, a pagar indemnizaciones por 4.3 millones de dólares a los deudos de las víctimas. A su vez, Western y Nosaki podrían seguir un proceso administrativo para cobrarle a la aseguradora Grupo Nacional Provincial y a Transportes Aéreos de Coahuila los gastos que tuvieron que erogar en su defensa judicial, incluidos los
resarcimientos.
El monto total de la indemnización se repartió entre unas diez familias, según Joaquín Rodríguez, representante legal de tres de ellas. Los medios especularon que de los 4.3 millones de dólares, uno fue para Silvia Castellanos, sobreviviente del avionazo, y 400 mil dólares para Graciela Zamarrón, viuda del diputado perredista Daniel Hernández.
Western Aircraft y el grupo japonés Nosaki dijeron que demandarían por unos diez millones de dólares a Grupo Nacional Provincial y a su cliente Transportes Aéreos de Coahuila.
Entre las personas que volaban con destino a Piedras Negras y murieron en el accidente figuraba también el presidente de la Cámara de Comercio de Sabinas, Homero Falcón; el ganadero Rogelio Garza; Jaime Rangel, Margarito Rodríguez y Teresa y Jaime Sáenz. E4 
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