La violencia política —asociada o no al crimen organizado— registra hasta hoy su máxima expresión el 23 de marzo de 1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, donde celebró su último mitin. Durante su velación, en la sede nacional del PRI, militantes indignados corearon: “¡Él fue!… ¡Él fue!”. Apuntaban a Carlos Salinas de Gortari, que en ese momento montaba guardia ante el féretro del candidato presidencial abatido.

Por esos días turbulentos, el fiscal especial del Caso Colosio, Miguel Montes, anunció en cadena nacional que el atentado obedecía “a una acción concertada” (conjuración, sin eufemismos). La certeza de que la ejecución fue por desarreglos en la cúpula del poder, arraigó en el imaginario colectivo. Cuando Montes cambió de versión, ya era tarde. El expediente tuvo un final muy mexicano: Mario Aburto Martínez fue condenado a cincuenta años como “asesino solitario”.

Entre los móviles del crimen se mencionaron celos y discrepancias de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari con Colosio y una presunta venganza del narcotráfico. Según parece, el candidato habría rechazado entrevistarse con el representante de uno de los carteles más poderosos de la época, en una cena en Monterrey y en el salón Candilejas, de Saltillo, que otros habían programado.
El 28 de septiembre del mismo año, el diputado y secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, fue asesinado a bordo de su auto, luego de una reunión en el hotel Casablanca, en la Ciudad de México. El autor material, Daniel Aguilar Treviño, involucró en la trama al diputado Manuel Muñoz Rocha, cercano a Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente.

En marzo de 1995, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la PGR detuvo a Raúl Salinas como presunto autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, quien había sido su cuñado. También se le acusó de lavado de dinero por más de ciento sesenta millones de dólares, obtenidos presuntamente por dos vías: narcotráfico y fondos de la partida presidencial secreta. Los recursos los transfirió a bancos de Europa bajo nombres falsos.

Sin embargo, Raúl Salinas fue absuelto. El 14 de junio de 2005 —penúltimo año del gobierno panista de Vicente Fox— volvió a la calle tras diez años de prisión. Jamás volvió a saberse de Muñoz Rocha. Humberto Hernández Haddad, ex cónsul de México en San Antonio, sostiene que avisó de su presencia en esa ciudad, sin que la Cancillería ni la PGR movieran un dedo para localizarlo y pedir su extradición.

Sobre el asesino material, sentenciado, como Aburto, a cincuenta años, el investigador Lorenzo Aldrete escribe en su ensayo “La idea del crimen de estado: el caso Ruiz Massieu”: Como parte de la zarabanda política, hoy Daniel Aguilar Treviño, un mísero ejidatario analfabeto y torpe en el uso de un arma, purga condena en una prisión de máxima seguridad. Su clasificación es la de reo de alta peligrosidad y se encuentra recluido al lado de los secuestradores y narcotraficantes más feroces del país.

Antes de Colosio y Ruiz Massieu, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, fue acribillado en el estacionamiento del aeropuerto “Miguel Hidalgo” (23 de mayo de 1993) en un supuesto duelo entre bandas de narcotraficantes. La versión oficial es que los Arellano Félix lo “confundieron” con Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Abogados de la Arquidiócesis sostienen que también se trató de un crimen de Estado. Salinas culpa a la masonería del magnicidio, según diversas fuentes. A Posadas se le “dispensó” la autopsia, pese a la gravedad del caso.

La violencia política empezó seis años antes, como lo consigna el diario Respuesta de Michoacán en su edición del 2 de julio pasado:

“Al anochecer del 2 de julio de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas cerraba en Pátzcuaro su campaña en pos de la Presidencia de la República, para posteriormente en el Hotel Mansión Iturbe ofrecer una entrevista a la prensa extranjera. A esa misma hora, en una zona popular de la Ciudad de México, caían acribillados sus colaboradores Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez; cuatro días más tarde se celebrarían las elecciones…”.

Las izquierdas se unieron en el Frente Democrático Nacional para postular a Cárdenas, expulsado del PRI por rechazar la imposición de Carlos Salinas como candidato a la Presidencia para las elecciones de ese año. Los asesinatos de Ovando y Gil marcaron el inicio de una nueva etapa de represión política —en el sexenio de Salinas— que, según el PRD, cobró la vida de alrededor de quinientos líderes, militantes y simpatizantes cardenistas.

El clima social y político vuelve a enrarecerse en vísperas de las elecciones presidenciales, con el agravante de que si antes era por diferencias entre partidos y grupos antagónicos de la misma formación ideológica, donde la injerencia del crimen organizado era marginal, hoy su influencia económica y política es mayor e incluso incide directamente en las elecciones.

Aunque el presidente Felipe Calderón ha variado su discurso y ahora advierte que respetará el resultado de los comicios del 1 de julio próximo, quienquiera que resulte ganador, antes había advertido sobre el riesgo de que lo sucediera un representante del narcotráfico. El triunfo del PRI en Michoacán, el 13 de noviembre de 2011, ratificado por el Trife, estuvo en duda por la presunta participación de la delincuencia, denunciada por el PAN y el PRD.

Por esa y otras irregularidades, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la victoria del PRI en Morelia. Previamente, la Cámara de Diputados había desaforado al diputado perredista Julio César Godoy —hermano del gobernador— por sus nexos con un cartel local. E4

El arbitrario lenguaje de las armas
y su uso como coartada político

Veintisiete alcaldes ejecutados entre 2008 y 2011

Antes del asesinato de Rodolfo Torre, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, una ex policía le disparó en la cabeza al mandatario de Chihuahua, Patricio Martínez.

El gobernador de Chihuahua Patricio Martínez salía de su despacho, el 17 de enero de 2001, cuando la ex policía judicial Victoria Loya Montejano se aproximó y sin mediar palabra le dio un tiro en la cabeza. Tras una convalecencia de varios meses, el empresario y político priista reasumió sus tareas. No se aclaró el movil del atentado.

El 22 de febrero de 2009, el sucesor de Martínez, el también priista José Reyes Baeza, regresaba a la Casa de Gobierno, después de una visita familiar, cuando un comando atacó su convoy. En el ataque murió el escolta Alejandro Chaparro Coronel y dos de sus compañeros resultaron heridos de gravedad.

Chihuahua comparte con Durango y Sinaloa el “Triángulo Dorado”, por ser una de las regiones de la Sierra Madre Occidental más aptas para la siembra, cultivo y tráfico de drogas. El descubrimiento y destrucción de uno de los mayores plantíos de mariguana en el rancho “El Búfalo”, de Chihuahua, en 1984, provocó el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Avelar, en febrero de 1985. El 4 de abril del mismo año, la policía de Costa Rica detuvo al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, acusado del doble crimen.

El 28 de junio de 2010, Rodolfo Torre Cantú cubría el trayecto de Ciudad Victoria al aeropuerto, para viajar a Matamoros y cerrar campaña como candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Su camioneta fue alcanzada por sicarios que lo ejecutaron a él y a cuatro miembros de su equipo. Lo sustituyó su hermano Egidio, quien ganó las elecciones.

Torre Cantú fue el candidato del PRI a diputado federal que más votos obtuvo en las elecciones intermedias de 2008 (86 mil 985), seguido del coahuilense Rubén Moreira (85 mil 466).

Se ignora si Martínez, Baeza y Torre recibieron amenazas previas a las agresiones. El hecho es que los dos primeros estuvieron a punto de morir y el tercero no sobrevivió. Tampoco se trató de venganzas políticas, aunque Torre pudo haber pagado cuentas del gobernador saliente, Eugenio Hernández.

Lo que sí está demostrado es que al menos en los atentados contra Baeza y Torre, la mano de la delincuencia organizada accionó las armas.

Sin embargo, el escenario de violencia en el país sirve también de excusa para cobrar venganzas políticas y eliminar rivales. Es el caso de Willy Reyes, alcalde priista de Tlapa de Comonfort, Guerrero, quien presuntamente pagó trescientos mil pesos a Juan Miguel Martínez Plácido para asesinar al diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, porque “le estorbaba políticamente”.

Por rencillas políticas o por vínculos con el narcotráfico, también han sido ejecutados diputados locales, regidores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Pero hasta hoy son los alcaldes los objetivos principales de la delincuencia organizada. Veintisiete de ellos fueron asesinados entre 2008 y 2011 en Durango, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Estado de México, Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila. El año con más ejecuciones (catorce) fue 2010. La mayoría (quince) militaban en el PRI. También los había del PAN, el PRD, uno del PT y Convergencia y otro del Verde; dos no tenían filiación partidista. (Ver gráfica).

No implica que todos tuvieran nexos con el narcotráfico, pero sí algunos. Otros habrían sido asesinados por negarse a colaborar con la delincuencia y estar las policías preventivas al servicio de algún cartel. Fue el caso del panista Edelmiro Cavazos Leal, de Santiago, Nuevo León. Un comando lo secuestró en su casa el 18 de agosto de 2010, con el apoyo de agentes municipales. A los dos días apareció muerto.

La infiltración de las policías municipales constituye uno de los principales problemas, no solo para la sociedad, sino también para los alcaldes. De ahí la urgencia del gobierno federal a depurar las corporaciones mediante pruebas de confianza, y la reticencia de autoridades locales a aplicar tales criterios. En unos casos por colusión con la delincuencia y en otros por temor a los carteles y a las propias fuerzas públicas.

En Saltillo, Monclova y Progreso, un centenar de policías fueron cesados a principios de enero por no pasar los exámenes que miden la confiabilidad de los mandos altos, medios y bajos, o resistirse a las pruebas.

Limpiar las policías trae aparejados otros compromisos. ¿Cómo competir con la delincuencia que les paga mejor por servirla, sin renunciar a su responsabilidad oficial? Con la promoción de valores entre sus filas, mejores salarios, estímulos, capacitación y reconocimiento a su trabajo.

El riesgo de tener policías corruptos, no solo en el ámbito municipal, sino también en el estatal y el federal, siempre existirá. Por eso la importancia de que la seguridad se aborde desde diferentes perspectivas, pero, sobre todo, de manera coordinada y con sistemas de comunicación y monitoreo nacionales. Ello permitiría que agentes expulsados de un estado o municipio no aparezcan al poco tiempo en otros, o al servicio del crimen. E4

Rubén Moreira asume gajes del oficio sin afanes heroicos

Mientras la deuda corre por los cauces legales y mediáticos, la prioridad del gobierno es la seguridad. Moreira recibe apoyo del presidente Calderón y de la secretaria de Seguridad Nacional de Estado Unidos.

Rubén Moreira ha sido amenazado en su entorno más cercano y también por medio de una manta en la colonia Mirasierra, de Saltillo, a principios de mes. El contenido de los mensajes no ha sido revelado, tampoco sus autores, pero la Fiscalía del Estado investiga las advertencias contra el mandatario, que desde el inicio de su campaña y en su toma de posesión, el 1 de diciembre, declaró “de la seguridad me encargo yo”.

Sobre las amenazas, Moreira declaró a Antonio Dávila, titular del noticiario Libre: “son gajes del oficio que uno tiene que asumir”. Dijo no sentir temor después del atentado que sufrió la escoltaba que lo acompañaba a su residencia, en el fraccionamiento San Alberto, el 25 de diciembre. “Miedo no tengo, si no, no saldría de mi casa”, pero advirtió que tampoco existe un afán de heroísmo de su parte. Su empeño, en todo caso, “es el cumplimiento de la ley”.

Moreira atribuye el aumento de la violencia, justo desde el inicio de su gestión, a la disputa de dos bandas por el control del estado, dominado presuntamente por una sola organización hasta hace poco. Pero además, la nueva Ley de Seguridad Pública que propuso al Congreso local afecta de manera directa los giros negros: venta de embriagantes, casas de apuesta y de masajes, table dance… Asimismo, busca regularizar más de doscientos mil vehículos que circulan sin placas o con chapas emitidas por organizaciones que constitucionalmente deberían hacerlo.

La administración estatal empieza con una deuda por treinta y seis mil millones de pesos que hace seis años, al inicio del gobierno de Humberto Moreira, era impensable, y grados de inseguridad y violencia que tampoco existían en 2005. Para efectos de operación política, el panorama lo dificulta una sociedad que empieza a resentir los efectos de los pasivos bancarios, parte de los cuales fueron contratados de manera irregular: alza de impuestos y derechos estatales y municipales, tenencia vehicular…

El organismo civil Claridad y Transparencia emitió el 6 de enero un comunicado para protestar por la escalada de aumentos que el Congreso autorizó “para solventar el boquete financiero del moreirazo”. En conferencia de prensa, el fundador y delegado regional de CyT, Armando Guadiana Tijerina, consideró injusto que la sociedad pague la deuda a costa de su bienestar, pues “los notables aumentos en los impuestos afectarán a empresarios (la tasa del ISN pasó de uno a dos por ciento), ciudadanos y sociedad en general. (…) antes del fraude, el Instituto de Cultura no cobraba por la impartición de talleres, hoy cobran doscientos pesos más inscripción (...) anteriormente, para obtener un permiso para tienda de autoservicio, se cobraban veinte mil pesos, hoy se cobran setenta mil…”.

Lo cierto es que para equipar a las policías y cumplir los compromisos con el gobierno federal, el estado necesita recursos que la iniciativa privada no está dispuesta a conceder como si no existiera deuda ni los impuestos se hubieran aumentado. El sector empresarial de La Laguna es el más reacio.
En esa línea, el regidor con licencia y aspirante a diputado federal por el PAN, Rodolfo Walls, protestó en las oficinas de la Secretaría de Finanzas en Torreón, el 6 de enero. Utilizó un altavoz para lanzar consignas y repartió calcomanías contra el alza de impuestos. José García Triana, titular de la dependencia y padre de la secretaria de Cultura, Sofìa García Camil, trató de impedir la manifestación, pero el público apoyó a Walls.

El 11 de enero, el presidente del PAN en Coahuila, Carlos Orta, el senador Guillermo Anaya, la coordinadora nacional de diputados locales de Acción Nacionall, Laura Rojas Hernández, y el jefe de la bancada del PAN en el Congreso local, Fernando Gutiérrez Pérez, presentaron ante la PGR una denuncia de hechos contra funcionarios de la pasada administración por ejercicio indebido del servicio público.

Mientras la deuda corre por los cauces legales y mediáticos, la prioridad del gobierno es la seguridad. Rubén Moreira se entrevistó el 6 de enero con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, para profundizar en el tema. Coahuila y Texas comparten más de quinientos kilómetros de frontera.

En Monterrey, después de una breve gira por Coahuila, el presidente Felipe Calderón deseó al gobernador Rubén Moreira “el mayor de los éxitos en su gestión. Acaba de tomar posesión del cargo y, como siempre, tanto Coahuila, como Nuevo León, como Tamaulipas, contarán, siempre, con el apoyo del gobierno federal”.

La responsabilidad que Rubén Moreira carga sobre sus hombros es monumental. Máxime porque ha decidido enfrentar a una delincuencia que no solo tráfica drogas, armas y personas, sino que además secuestra, extorsiona, asalta, roba, cobra piso. Es el primer gobernador de Coahuila contra el que se atenta y amenaza. Al margen del origen de las advertencias, el riesgo que corre es real y debe tomarse con seriedad, sin desplantes heróricos, como él dice.

El inicio de la nueva administración está marcado por grandes dificultades: deuda, violencia, delincuencia organizada, presión social y política. En un contexto así, Coahuila necesita unificarse. Para lograrlo, sin embargo, es preciso castigar a los responsables de la deuda contraída con documentos falsos. La demanda no es política, es social, jurídica y moral. E4