La nueva reforma al Código Electoral estatal no sólo ha despertado el rechazo del Partido Acción Nacional. Asociaciones ciudadanas que participaron en los foros de consulta, consideran que no fueron tomadas en cuenta. Es el caso de Alianza Cívica.

Nelly Herrera, integrante de la asociación, señala que salvo algunos aspectos positivos como la despenalización de la movilización ciudadana —declarada inconstitucional en 2007—, la regulación de los tiempos y espacios de publicidad y un mayor reconocimiento a los observadores de los procesos electorales —en concordancia con el Código Electoral Federal—, la reforma es “negativa en forma y contenido”.

Señala que no hubo un verdadero diálogo con la ciudadanía ni con los demás partidos. Dice que la posibilidad de presentar candidaturas independientes (a partir de 2017, según los cambios aprobados por el Congreso) se contrapone con las leyes federales, lo que puede derivar en una impugnación. Apunta que los requisitos para presentarse a las elecciones, sin partido político, son muy complejos para el común de los ciudadanos y que la reforma está enfocada a debilitar la competencia, como ocurre desde 2007.

Recuerda que en mayo de este año, Alianza Cívica presentó una iniciativa popular que, a pesar de haber sido enviada a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado al día siguiente, los legisladores nunca se comunicaron con los integrantes de la asociación.

Una ley cambiante
En los catorce años que median entre 1996 y 2010 se han realizado seis reformas a la Ley Electoral del estado. De éstas, las que han tenido mejor forma, sin llegar a ser ideales, son las de 1996, 2001 y 2007, recapitula Nelly Herrera. La de 1996, porque por impulso ciudadano hicimos un foro nacional, trajimos especialistas en la materia. Montemayor (entonces gobernador), primero había dicho que no se hacía la reforma, ya luego aceptó, hubo apertura.

La reforma de mayor apertura fue la de 2001. Se formó un consejo político con los tres poderes, los partidos y los diputados, hasta por televisión se estuvieron pasando las sesiones, agrega. En 2007 también se realizaron foros, aunque menos, y también se tuvo la sensación de apertura.

Los avances que pueden catalogarse como tales sólo son dos: 1996, cuando históricamente se le quita a la Secretaría de Gobierno que organice las elecciones y se crea un órgano con ciudadanos, fuera de que sea independiente o no o afín al gobierno, pero se crea una institución, era el consejo estatal electoral.

La otra es la de 2001, que tuvo avances en cuanto a darle fortaleza al órgano electoral hasta que se forma el IEPC, y que constitucionalmente es fuerte, se declara como autoridad en la materia. También se incluyeron en la constitución las figuras de participación directa de la ciudadanía, plebiscito, referéndum e iniciativa popular. En la forma fue un avance muy importante, ya en el contenido tiene tantos requisitos que prácticamente no se utilizan.

Una de las reformas más pobres fue la de 1998, cuando el gobernador pidió sólo que se cambiara la fecha de elección, de septiembre a octubre. Además crearon la figura de dos circunscripciones para apoyar a los partidos minoritarios, en este caso al Frente Cardenista, que por lograr el porcentaje mínimo de votación obtenía un diputado por cada zona. El Código Electoral de 2001 desapareció este mecanismo.

Cuando se da la reforma de 2007, se hicieron foros. Pedimos que se resolvieran los candados, las limitantes para que el contenido importante del Código de que se dio en 2001 realmente pudiera aplicarse. Por ejemplo, menos firmas para plebiscito y mayor forma para que el Instituto (Electoral) fuera independiente y tuviera otras facultades en la ley, porque tenía más el director que los consejeros.

Sin embargo, expresa la activista, fue un verdadero retroceso: se creó una estructura paralela al Instituto que prácticamente le quita las facultades a los consejeros electorales. También se margina a la ciudadanía en materia de observación electoral, se quita el procedimiento de quejas que podíamos meter los ciudadanos y se establece una cosa muy negativa que es precisamente criminalizar la movilización ciudadana: si un grupo acudía ante una autoridad podía ser sancionado, expresa.

La reforma de 2009 es negativa en forma y fondo porque el PRI, unilateralmente, metió su código, prosigue Herrera. Aún así, no lo dejamos ir solo: metimos una iniciativa popular y aceptó algo de lo que estábamos proponiendo, pero sin llamar a los demás partidos. Sin embargo, acabó con la Ley del Instituto y la Ley Electoral y creó una sola que tuvo muchos defectos. Los partidos impugnaron y algunos se corrigieron, pero no se incluyeron las reformas federales de mayo de 2007 que eran importantes en cuanto al acceso a los medios y sobre las precampañas, aunque ya se había legislado aquí sobre éstas en 2001.

La nueva reforma
Lo positivo de la reforma actual —aprobada por el Congreso local el 21 de junio— es que resuelve el tema que en 2007 se había declarado inconstitucional: la movilización ciudadana, se legisla en torno al acceso a los medios y a la publicidad de los funcionarios públicos, y en el caso de los observadores, lo iguala al Cofipe.

En lo demás es negativa en forma y contenido. En forma, porque llaman a foros y hacen once, que por primera vez presiden los diputados. En el pasado acudían a una conferencia y luego se iban, ahora ellos presidieron el pleno. Esta vez hubo muy buena participación ciudadana. En 2007, en Torreón, se presentaron cerca de cincuenta ponencias, en Saltillo entre veinte y treinta. Ahora fue al revés, en Torreón fueron cuarenta y cinco, aquí ciento cuarenta y dos y en todo el estado más de cuatrocientas. Fueron ciudadanos interesados, especialistas en el tema, invitados de los partidos, pero también mucho sector independiente, indica.

En los foros hubo muchas opiniones críticas —el gasto excesivo, gran número de elecciones— y demandas —bajar el financiamiento a los partidos—, incluso se destacó la cuestión de la participación indebida de los maestros en los procesos electorales.

Yo no sé si eso hizo que el PRI se cerrara, es una hipótesis. Cuando entra la primera iniciativa constitucional, vemos que unilateralmente es del PRI, lanza su código sin diálogo con los demás partidos. Entonces lo de los foros es simulación. La gente decía que no eran tomados en cuenta.

Desde la perspectiva de Alianza Cívica, el contenido de la ley que publicitan, quienes la promovieron y aprobaron, es apariencia. Es falso que hayan metido el plebiscito y el referéndum, porque ya estaban desde la reforma de 2001. Lo de las candidaturas independientes también es una simulación y tienen dos problemas serios. Puede ser impugnado, porque el artículo 41 de la Constitución Federal de 2007 establece que sólo los partidos están calificados para presentar candidatos, lo que aplica para todos los estados. Ahora meten a la Constitución coahuilense que los ciudadanos pueden ser candidatos sin pertenecer a ningún partido, pero alguno lo puede impugnar y se va a que lo resuelva primero el Tribunal Electoral del Estado, luego el federal y luego la Suprema Corte, que no sabemos qué va a resolver.

El otro problema son los requisitos que se piden para ser candidato independiente. Prácticamente es más fácil crear un nuevo partido, dice.

Al candidato independiente le piden declaración de principios, programa de acción y plataforma electoral, pero si quiere ser candidato a la gubernatura tiene que presentar el 0.26 por ciento de todo el padrón electoral de afiliados, —mínimo doscientos por cada uno de los veintiséis distritos— o sea cobertura estatal, con un formato que el IEPEC va a entregar y que de seguro no lo va a tener a tiempo para cuando se abra la inscripción, que son dos meses antes. Así que no puede empezar a afiliar gente porque no tiene los formatos.

Para ser candidato independiente a diputado local se necesita el diez por ciento del padrón electoral del distrito. Quien aspire a un puesto en el ayuntamiento, como alcalde, tiene que presentar el veinte por ciento de afiliados del censo municipal. Por ejemplo en Saltillo, con cuatrocientos cincuenta mil electores, el número de afiliados tendría que ser de noventa mil.

El aspirante tiene que presentar aparte el monto, el origen y en qué va aplicar el gasto de campaña. Es decir, cuando va a meter la solicitud, ya debe tener el dinero programado. Mientras que para registrar un partido —condicionado al resultado de la elección— se requiere el 0.26 del padrón, los doscientos afiliados por distrito, declaración de principios y estatutos.

Imagínense un ciudadano que llegara a tener la capacidad de cubrir todos estos requisitos y luego le impugnen ¿Y si la Suprema Corte dice que va para abajo? Es más viable formar un partido.

Menos oposición
Nelly Herrera observa otro aspecto negativo. Empezó en 2007 y con esta ley se acaba de fortalecer: una tendencia a debilitar a la oposición. En los años anteriores se tendía a fortalecerlos. En 2008, con la creación de dos circunscripciones. Ahora es lo contrario, este Código suprime lo que es conocido como representación mínima.

Otra simulación fue el manejo de la información. A los medios de comunicación se les informó que para tener acceso a diputados plurinominales se requería el dos por ciento de los votos o hasta menos, cuando la página del Congreso —en el dictamen de la sesión del 8 de junio— decía que era necesario el tres por ciento. (El dictamen final fija un mínimo de dos por ciento en el caso de los diputados, y de tres para regidores de representación proporcional)

Los partidos pequeños están preocupados e inconformes. Nosotros, como asociación civil, también estamos inconformes con la ley. Metimos una iniciativa popular el 9 de mayo y al día siguiente la mandaron a la Comisión de Gobernación, pero aún no nos han llamado.

Esta actitud unilateral y arbitraria del PRI nos parece negativa. Ya sabemos que tiene todo el poder, controla todo, tiene mayoría en el Congreso. En ese sentido pensamos que puede ser abierto y escuchar, que su disposición sea de apertura, no de cerrarse y decir falsedades.

Otra contradicción es que el código de 2007 señala que los funcionarios de todos los poderes, incluso autónomos como el IEPEC, tienen que renunciar dos años antes a su puesto para poder competir en una elección. Pero la ley propuesta ahora dice líneas abajo que pueden renunciar un día antes.

No hay políticos demócratas. Se nota un temor a la participación de la ciudadanía, están acostumbrados a tener el poder como uso patrimonial y que los ciudadanos sólo vayan a votar. Ese grado de poder los lleva a extremos.

Sobre la principal fuerza opositora en el estado, Herrera califica al PAN: está débil, dividido y torpe. Ahora reaccionó porque no le quedaba de otra. Solicitó un sólo período de cuatro años de gubernatura, para empatarla con la elección de presidente. Sin embargo, algunos medios malinforman todo, afirman que quieren que así sea siempre. E4

25 a favor, 5 en contra y un ausente

El Congreso local aprobó el nuevo Código Electoral del Estado el 21 de junio, con una serie de ajustes respecto a la propuesta original. La norma entrará en vigor para los comicios de gobernador y diputados locales del 3 de julio de 2011.

El Código se aprobó con veinticinco votos a favor (veintiuno del PRI, tres de diputados independientes y uno del PRD). Los panistas José Miguel Batarse, Mario Dávila, Carlos Orta, Esther Quintana y Rodrigo Rivas votaron en contra. Loth Tipa Mota, legislador del PAN, faltó a la sesión. E4