No obstante que fue criticado hasta el hartazgo en su gestión como presidente, la figura de Ernesto Zedillo se agiganta conforme pasa el tiempo. Lo mismo se le ve en foros internacionales de economía, que en paneles de desarrollo y estructuras latinoamericanas; lo mismo participa en congresos globales que en conferencias sobre el futuro de México y la región.

Estratega de una verdadera transición de “terciopelo”, cuando el PAN llegó a la Presidencia con Vicente Fox, de ser criticado como figura casi “invisible”, en contraposición con el avasallante Carlos Salinas, Zedillo puntualiza de vez en vez la ruta que a México le hace falta para consolidar eso que se llama democracia.

Y en un estado democrático, la justicia debe imponerse en todo tiempo. Ernesto Zedillo, director del Centro de Estudios para la Globalización de la Universidad de Yale, pronunció el mes pasado un discurso en la XXV Reunión del Consejo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Una vez más, dio en el blanco: “El único monopolio que debe haber es el del estado de derecho”.

Al tiempo que reconoció la labor del presidente Felipe Calderón en materia económica, Zedillo advirtió “el único monopolio que debe existir en México es el monopolio de la violencia legítima, el del estado de derecho, porque es el único que debe tener el control de las políticas del Estado”. Al tocar el siempre espinoso y polémico tema del narcotráfico, el ex presidente lamentó —ante una audiencia de poco más de quinientos empresarios, convocados por la Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM— que mientras Estados Unidos pone los consumidores y las armas, a Latinoamérica le toca aportar “la corrupción y los muertos”. Y si hay muertos entonces hay culpables, pero no siempre son sancionados y menos detenidos. Zedillo, principal ausente en el debate sobre la inseguridad en México, se refiere a la ausencia de estado de derecho. El siguiente es un recuento de la impunidad en el área.

Pasta de Conchos: complicidad y engaño

Sesenta y cinco obreros mueren el 19 de febrero de 2006 por una explosión causada por la acumulación de gas grisú en la unidad “Pasta de Conchos”, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA), enclavada en San Juan de Sabinas, a 250 kilómetros de Saltillo. El accidente ocurrió a 160 metros de profundidad. Al día de hoy, familiares y viudas de los mineros siguen solicitando el rescate de los cuerpos al gobierno federal y manifestando su descontento por la negligencia de las autoridades.

Ríos de tinta han corrido desde entonces por una tragedia que conmocionó al país. Para el primer aniversario, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, atribuyó a IMMSA la mayor parte de la responsabilidad, porque estaba “obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad”. Afirmó que no solaparía a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni “tapará a ningún personaje, por más importante que sea”. Esto fue en el 2007. A cuatro años de la tragedia, las palabras se las llevó el viento.

El 31 de enero de 2008, cinco funcionarios de la Secretaría del Trabajo, que debieron clausurar “parcial o totalmente” la mina desde el 12 de julio de 2004, cuando una revisión arrojó evidencias de riesgo para la seguridad de los trabajadores, fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). El grupo denunció un “manejo político del caso”. Los deudos de los mineros no quedaron conformes con el castigo ni con el nivel de los sancionados.

Pedro Isaac Camarillo Adame, delegado de la STPS en el estado al momento de la explosión, fue suspendido un año por “negligencia administrativa”. El mismo castigo se aplicó a Luis Raúl Sarmiento Villegas, director jurídico; en su caso, por violación a leyes y normatividad presupuestal. Sarmiento se defendió con los siguientes argumentos: “Es muy triste y lamentable que una situación de carácter político haya venido a tomar las dimensiones de la presente situación (…) esta situación prevalece derivado de un lamentable accidente y quiero recalcar también la escasez de personal asignado a las áreas que coordino, que son la jurídica, la inspección y de seguridad y salud en el trabajo”.

También fueron inhabilitados para “desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año”, los inspectores Mario Alberto Fraga y Jesús Reynaldo Menchaca. Rogelio Fernando Aguirre Tovalín, jefe de la Oficina Federal del Trabajo en Sabinas, fue suspendido y destituido de su cargo.

María del Carmen Martínez Sánchez, quien fungía como subdirectora de Inspección y Seguridad e Higiene, declaró que no había personal suficiente, lo que la imposibilitó a responder a las grandes cargas de trabajo. Además consideró “hasta cierto punto una injusticia que por alguna situación ajena o política se vea dañado o perjudicado mi trabajo”.

Al conocer las sanciones, la agrupación “Familia Pasta de Conchos”, asesorada por centros de derechos humanos y organismos no gubernamentales, publicó un comunicado con firma de Cristina Auerbach, donde denuncia: “La investigación que inició la SFP obedece a la recomendación hecha por la CNDH número 26/2006, que data de julio del año 2006. Tardó un año y siete meses, utilizó una barbaridad de recursos materiales y humanos, y hoy nos presenta un resultado por demás cuestionable”. Lacónico, el boletín remata: “Se trata de sanciones menores para funcionarios menores, que resultan ofensivas…”.

Los involucrados, funcionarios de baja estofa y menor rango, alegan manejo político. La SFP castiga con destitución e inhabilitación para ocupar puestos públicos en áreas del gobierno por un año. Hubo sesenta y cinco mineros muertos. Esto fue todo.

Guardería ABC: caos general

La tragedia no sólo conmocionó al país, enlutó al mundo. Cuarenta y nueve niños murieron en una guardería de Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Actualmente nadie se encuentra detenido o encarcelado. Más de veinte indiciados enfrentan los procesos en libertad o se ampararon. La Corte señala responsables: Juan Molinar, ex director del IMSS, Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora y a una docena más, pero nadie cree que sean castigados.

La guardería estaba concesionada a particulares por el Seguro Social. Se comprobó que la ubicación y las instalaciones no eran adecuadas. Tampoco se contaba con extinguidores, salidas de emergencia, capacitación a maestras y educadoras.

A raíz de las lentas investigaciones, los padres de los niños formaron el “Movimiento por la Justicia 5 de junio” y llevaron el caso a la Corte de Justicia. El caso quedó en manos de los magistrados Carlos Ronzón Sevilla y María del Rosario Mota Cienfuegos. El vocero de la organización, Julio César Márquez, dijo el 11 de febrero: “Lo fundamental será determinar si se violaron garantías individuales de los niños y las familias. Se va a comprender este evento como un hecho aislado o como producto de una serie de irregularidades, un desorden generalizado en el sistema de subrogaciones del IMSS”.

Lacónico, sin esperanza alguna en esta maraña jurídica que es el sistema de justicia en México, Márquez acusó: “Hay ex funcionarios con responsabilidad que no han sido ni mencionados…”. Cuarenta y nueve niños muertos y decenas de quemados en diversos hospitales de México y el extranjero. Al día de hoy, tampoco hay culpables.

Lobohombo y News Diven: el ridículo

La tercera ciudad más poblada del planeta, México, lo tiene todo. Su oferta cultural es amplia y variada, sus edificios señoriales y coloniales conviven con los vestigios y templos del pasado indígena. Sus amplias y populosas avenidas hablan de una ciudad cosmopolita que jamás descansa. El Distrito federal lo tiene todo… incluyendo tragedias jamás castigadas por sus últimos jefes de gobierno: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

En 2000, iniciando milenio, un incendio en la discoteca “Lobohombo” atrapó a decenas de jóvenes que se arremolinaron en sus salidas. No había suficientes puertas de emergencia. La mayoría de los asistentes quedó atrapada. El saldo fue de veintidós muertos. Alonso Rojas, subdirector Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, donde se ubicaba el salón, espetó: “Es una triste historia, sí efectivamente es una consecuencia de lo que pasa cuando las medidas de protección civil no son respetadas por los establecimientos mercantiles”.

Las tragedias jamás llegan solas y, como dice el padre de la historia, Herodoto, estamos a condenados eternamente a repetirla, a repetir los mismos errores. Las autoridades del Distrito Federal lo hacen a propósito, o bien su incapacidad es manifiesta. El 20 de junio de 2008, la policía capitalina, al mando de Guillermo Zayas, efectuó un operativo en otra discoteca, la “News Divine”, presuntamente para verificar denuncias de tráfico de drogas y venta de alcohol a menores de edad. Cuando los jóvenes huían en estampida, la policía taponó la entrada. El saldo, doce jóvenes muertos y decenas de heridos.

En el primer caso, jamás se pudo castigar al culpable. Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de la discoteca, está libre. Guillermo Zayas, ex jefe de la UNIPOL de la Delegación Gustavo A. Madero, entró y salió de prisión, mientras el proceso continúa. Es decir, no hay culpables.

Con el nerviosismo de la tragedia a cuestas, el Gobierno del Distrito Federal se apuró a expropiar la discoteca “Lobohombo”. El dueño se amparó y no sólo ganó el juicio, sino también una indemnización por 13.1 millones de pesos. Más leña al fuego: el 26 de diciembre de 2006 prescribió la acción penal contra Iglesias Rebollo, según datos del Juzgado Penal Número 49. El caso quedó impune. El dueño del antro jamás fue sentenciado ni obligado a reparar el daño a los familiares de las veintidós víctimas.

En el segundo caso, donde murieron doce personas, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha dicho que será hasta finales de marzo cuando se conozcan las primeras sentencias relacionadas con el proceso penal en contra de treinta y cinco funcionarios. Hasta ahora se han desahogado más de mil 800 elementos de prueba.

El 4 de febrero, el magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, dijo que el tema es “complejo”. “El juzgado está paralizado, atendiendo nada más este asunto e incluso ya se ha tenido que asignar personal especial porque varios de los procesados han estado ofreciendo más y más pruebas y no se les puede limitar ese derecho”. A casi dos años de un torpe y fallido operativo policiaco, aún no hay sentencias ni condenas.

Es decir, no hay culpables, sólo una certeza: doce jóvenes murieron. Marcelo Ebrarad sólo suspendió de sus cargos a Rodolfo Félix Cárdenas, en ese tiempo procurador capitalino, y a Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública.

Creel, Chihuahua: “Dios no existe”

El 16 de agosto de 2008, un comando asesinó a trece personas en esta población serrana. Las víctimas fueron: Édgar Arnoldo Loya Encinas, de 1 año; René Lozano González, de 17; Luis Daniel Armendáriz Galdeán, de 18; Fernando Adán Córdova Galdeán, de 19; Óscar Felipe Lozano Lozano, de 19; Daniel Alejandro Parra Mendoza, de 20; Juan Carlos Loya Molina, de 21; Kristian Loya Ortiz, de 22; Alberto Villalobos Chávez, de 28; Luis Javier Montañez Carrasco, de 29; Édgar Alfredo Loya Ochoa, de 33; Fredy Horacio Aguirre Orpinel, de 34; y Alfredo Caro Mendoza, de 36.

Más pesadilla e infierno que vida humana fue aquello. Las crónicas hablan de escenas dantescas. El sacerdote jesuita Javier Ávila, quien llegó al lugar a los pocos minutos, lo describe así: “Perdí la razón: Dicen que me arañé, que grité que Dios no existía”. El sacerdote narra lo que hizo en las más de tres horas en las que ningún oficial o funcionario se hizo presente. De entrada, llamó al secretario de Gobierno de Chihuahua, Sergio Granados, quien no creía lo que el jesuita le contaba hasta que él mismo escuchó por el celular del religioso el escándalo, los alaridos. Tarde, muy tarde llegarían las autoridades. Todo se volvería historia.

Apenas el 4 de enero se dictó sentencia a uno de los asesinos de Creel, Luis Raúl Pérez Alvarado: ochenta y dos años de cárcel. El gobernador de Chihuahua, Reyes Baeza Terrazas, declaró: “Se hizo justicia parcialmente porque no es el único responsable, hay otros responsables detenidos y otros que faltan por detener que tienen una participación material o directa”.

Coda

El 19 de julio de 2009, en el marco de la celebración del “Día del Abogado”, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo: “La justicia dolorosamente se ha burocratizado… donde el hombre se ve sometido a las instituciones”. Nada más cierto. Nada más demoledor. Esta y no otra, es la justicia que impera en México. E4