ELa presión social y mediática dio resultado. Tarde, pero seguro, los tres principales partidos pusieron sus cartas sobre la mesa y decidieron negociar.

Quizá por el costo que significaría en las urnas evitar el debate, el PRI y el PRD pasaron del rechazo a la mesa de diálogo con el partido en el poder. El “no pasarán” de Beatriz Paredes se diluyó ante una realidad que exige un marco institucional que propicie la aprobación de reformas estructurales atoradas más de una década.

Con las propuestas de reforma electoral que el presidente Calderón, el PRI y el PRD presentaron en el Congreso, se pasó del análisis académico a la negociación política. La pregunta es cuánto está dispuesto a ceder cada partido. Aún falta ver qué propuesta harán los diputados del PRI con respecto al proyecto de los senadores de su partido, pero no se esperan cambios significativos.

Las coincidencias son pocas y débiles, pero fundamentales, ya que abren el camino para que la negociación se traduzca en la aprobación de puntos torales de la reforma.

El único punto en que concuerdan los tres partidos es en la necesidad de modificar los mecanismos para aprobar el presupuesto. Sin embargo, mientras el PRI rechaza que el presidente haga observaciones, el PAN y el PRD lo apoyan, con diferencias de método. El PRI y el PAN aprueban también la reducción del Congreso, con la eliminación de diputados y senadores de representación proporcional.

La reelección de legisladores puede darse por aprobada. El PAN y PRI, cuyas bancadas alcanzan los dos tercios de ambas Cámaras y de las legislaturas estatales, sólo difieren en la cantidad de años que los diputados pueden reelegirse. El PRD se opone, pero tendrá que aceptar la mayoría.

En la figura de referéndum coinciden el PAN y el PRD, con diferencias de aplicación. El PRI está dispuesto a aceptar la consulta popular, a iniciativa del presidente, quizá el único punto en el que acepta otorgarle más facultades al Ejecutivo.

Por otra parte, tal parece que el PRI no sólo teme a las alianzas, sino a los ciudadanos, pues rechaza las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana, que sí apoyan PAN y PRD. El líder el PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, se manifiesta a favor de incluirlas en la legislación secundaria.

Hasta ahí las coincidencias, aunque el PRI podría negociar además la propuesta panista de iniciativas preferentes que le daría mayor margen de maniobra en caso de llegar a Los Pinos en 2012.

No hay acuerdo en la segunda vuelta, en la ratificación del gabinete y en la revocación de mandato, pero existen probabilidades de que se negocien.
Y aún si así no fuera, con la aprobación de los primeros puntos, el país entraría en otra etapa de su vida institucional y con eso, como dice Jorge Castañeda, “ya vamos de gane”.

¿Un Congreso diferente?

Los tres partidos incluyen modificaciones en la composición de las Cámaras de Diputados y de Senadores, aunque sólo el PAN propone reducir las bancas de mayoría relativa (uninominales). El PRD desaprueba cualquier reducción.

La iniciativa del presidente Calderón plantea reducir la Cámara baja a cuatrocientos diputados (cien menos que en la actual), de los cuales doscientos cuarenta serían elegidos por mayoría relativa y ciento sesenta por representación proporcional.

La propuesta del líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, consiste en suprimir cien de los doscientos diputados plurinominales, sin tocar los trescientos de mayoría.

El PRD insiste en un Congreso de quinientos diputados, cuatrocientos de ellos elegidos en treinta y dos circunscripciones estatales y cien en una circunscripción nacional.

El PAN y el PRI sugieren una Cámara alta de noventa y seis senadores (en lugar de ciento veintiocho), pero difieren en la forma de elegirlos. El Ejecutivo propone que los noventa y seis sean electos en treinta y dos circunscripciones estatales con listas abiertas, mientras que el PRI quiere sesenta y cuatro de mayoría y treinta y dos de primera minoría.

El PRD insiste en la actual composición, con noventa y seis senadores electos en treinta y dos circunscripciones estatales y el resto en una circunscripción nacional.
Comoquiera que sea, es un hecho que el próximo Congreso tendrá menos diputados y senadores, lo cual constituirá una victoria para los ciudadanos.

Coincidencias económicas

Cuánto se gasta y cómo se distribuye el dinero del país parece ser el punto que más preocupa a los tres partidos.

El PAN propone que el presidente pueda observar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y que éste pueda ser vetado con dos terceras partes de los legisladores. En caso de no alcanzar esa mayoría en la parte observada, seguiría vigente el presupuesto del año anterior y si el último día de febrero no ha sido votado un nuevo presupuesto, el anterior quedará vigente para el resto del año.

El PRI acepta que en caso de que la Ley de Ingresos y el PEF no sean aprobados en el plazo previsto, seguirán vigentes los del año previo hasta la aprobación del nuevo, pero desecha la observación del presidente. Quizá piense que, de regresar a Los Pinos, también lo haga con mayoría en el Congreso.

El PRD consiente que el Ejecutivo pueda vigilar el Presupuesto, pero propone que baste la mitad más uno de los votos del Congreso para superar el veto, y no las dos terceras partes, como sugiere la iniciativa presidencial. En cambio, no aprueba que el Ejecutivo publique las leyes parcialmente cuando el resto ha sido vetado. En caso de no autorizrse, apoya que el presupuesto del año anterior siga vigente hasta la aprobación del nuevo.

Coincidencias políticas

Si bien la propuesta de los senadores del PRD, PT y Convergencia no incluye la reelección de legisladores, pues consideran que “se convierte en otra forma de reducir opciones” y porque les parece que el sufragio en México todavía no es “lo suficientemente efectivo”, el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, señala que puede darse el caso de que algunos perredistas acepten votar ese punto.

Esos votos se sumarían a los del PAN y PRI que pugnan por la reelección, aunque el tricolor quiere sólo nueve años para los diputados y no doce, como propone el Ejecutivo para ambas cámaras.

En lo que refiere al referéndum, los tres partidos lo mencionan, aunque con diferencias de método.

El PAN lo quiere para las iniciativas preferentes de carácter constitucional (excluye las materias electoral, fiscal, presupuestaria, de seguridad nacional y Fuerzas Armadas) en caso de inacción. Propone que sea vinculatorio con dos tercios de participación y cincuenta por ciento de votos a favor en la mayoría de las entidades federativas.

El PRI acepta una consulta popular a solicitud del presidente, pero también de dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón o de las dos terceras partes de ambas cámaras. Excluye los temas electoral y fiscal y pide que sea vinculatorio con cincuenta por ciento de participación del padrón y mayoría simple.

Por su parte, el PRD quiere un referéndum derogatorio de reformas constitucionales y leyes, a solicitud de 1.5 por ciento la lista nominal, con excepción materia fiscal, presupuestal y de defensa. Agrega el plebiscito para políticas y obras públicas, cuando lo pida el uno por ciento de la lista nominal. Pretende además que sea vinculatorio con la participación de cincuenta por ciento más uno y mayoría de votos a favor.

Poder ciudadano

Las candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana figuran entre las demandas de organismos civiles e intelectuales. Jorge Castañeda y Héctor Aguilar lo plasman así en su ensayo “Un futuro para México”. Las primeras no requieren modificaciones a la Constitución, pero sí modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El PAN y el PRD incluyen las candidaturas independientes en sus propuestas, con leves diferencias. Mientras el PAN las prefiere para todos los cargos de elección popular y con el aval del uno por ciento del padrón de la demarcación correspondiente, el PRD sólo las acepta para presidente, diputados y senadores, con el aval del uno por ciento de la lista nominal de electores.

El PRI no las incluye, pero deja abierta la puerta para que el Congreso de la Unión, si así lo decide, legisle de manera secundaria en esa materia, señalando en la ley las hipótesis, requisitos, derechos y obligaciones de los ciudadanos que así sean postulados, al margen de los partidos políticos, a cargos de elección popular.

El PRI tampoco incluye la iniciativa ciudadana, pero el PAN y el PRD coinciden en ella. Los panistas quieren que proceda con el 0.1 por ciento del padrón electoral. Los perredistas están de acuerdo en la proporción, pero con respecto a la lista nominal de electores y con carácter preferente. E4

Varios puntos del decálogo del presidente Felipe Calderón fueron rechazados por los senadores del PRI y el PRD. Destaca la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

El PRI argumenta que este método podría provocar una artificial polarización social, más aún estando tan cercano el polémico resultado de la elección presidencial de 2006; provocaría la inevitable exclusión de la competencia para cinco de los siete partidos políticos nacionales que hoy cuentan con registro legal; puede provocar un retorno a las etapas, ya superadas, del presidencialismo sin contrapesos; puede ser fuente de permanentes conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, si, como puede ser el caso, en una o las dos cámaras de éste último persiste la condición de ausencia de mayoría absoluta.

El senador perredista Arturo Núñez, quien encabezó la iniciativa de los partidos integrantes del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), explica que su partido rechaza la segunda vuelta porque “con una ciudadanía como la que tiene México, derivada de la brutal desigualdad social y de la pobreza y la marginación que existe, la gente en su ignorancia podría suponer que nada más quedan dos partidos para la presidencial y para la legislativa, y ahí también se tiene otro filtro”.
Por otra parte, mientras el presidente propone la reelección de alcaldes hasta por doce años, con el objetivo de que los proyectos municipales tengan continuidad, perredistas y priistas se manifestaron en contra. Unos porque los alcaldes “no trabajan para servirle al pueblo”, otros porque la ampliación de períodos municipales “impediría la homologación de los procesos electorales”.

El PRI y el PRD rechazan elevar del dos al cuatro por ciento el mínimo de votación para que los partidos minoritarios conserven su registro. El PAN argumenta que los partidos pequeños además de ser poco representativos, implican un considerable costo económico al erario y se han convertido en auténticos negocios políticamente nulos aunque económicamente rentables.

El PRD señala que elevar de dos a cuatro por ciento el porcentaje de la votación necesaria para que un partido mantenga su registro es la primera estocada para eliminar competidores en la contienda política.

Las oposiciones rechazan también la propuesta del PAN para que el Ejecutivo pueda promulgar la parte de una iniciativa que no haya sido objeto de observaciones por el Poder Legislativo, mientras que la porción objeto del veto seguirá el curso establecido.

Ratificación del gabinete

El PRI busca que el Senado ratifique al gabinete presidencial, con excepción de los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina, más Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional de Agua (CNA), Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El PRD quiere que la Cámara de Diputados sea la que ratifique a los secretarios, con excepción de los de Relaciones Exteriores, Sedena, Marina y PGR, y que el Senado haga lo mismo con la SRE, la Defensa y la Marina, más los titulares de las entidades paraestatales que las leyes señalen.

Además, el PRD propone que el juicio político se efectúe por denuncia presentada ante el Congreso, suscrita por una cuarta parte de los integrantes de cualquier Cámara. La denuncia se turnaría a la Sección Instructora y una vez acordada la acusación en la Cámara de Diputados se turnaría al Senado. Allí se contaría con un plazo improrrogable de cinco días hábiles para llegar a una decisión por mayoría absoluta. Desaparecería la declaración de procedencia.

El PRI busca sustituir el juicio político por moción de censura para los secretarios de Estado más Pemex, CFE, CNA, Cisen, CRE, Cofetel, Cofeco y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El PRI considera que no hace falta recurrir al pueblo para remover un funcionario, sino que apoya una moción de censura a petición de una tercera parte de alguna de las cámaras en contra de secretarios de Estado y titulares de organismos públicos. Un apercibimiento requeriría la mayoría y para la remoción sería suficiente las dos terceras partes de los votos.

También propone la sustitución del presidente en caso de falta absoluta por el secretario de Gobernación mientras el Congreso llega a una decisión.

El PRD plantea la revocación de mandato para el presidente, los gobernadores y los alcaldes (incluido el DF) a solicitud del equivalente al treinta por ciento de votos con los que el funcionario llegó al cargo. Quiere que sea vinculatorio por mayoría siempre y superior al número de votos con que se ganó el cargo.

En materia de seguridad

La propuesta del presidente Calderón busca además que la Suprema Corte presente iniciativas de ley para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y mejorar la normatividad en materia de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y otras, lo que fue rechazado por priistas y perredistas, por lo que es difícil que se apruebe.

El Ejecutivo favorece también la creación de un Código Penal Único, modificaciones a la Ley Orgánica de la PGR para otorgar autonomía al Ministerio Público y los juicios orales.

Por su parte, el PRI plantea una PGR y un Ministerio Público con plena autonomía para poder decidir sobre su organización interna, su funcionamiento y gestión, disciplina, nombramientos y carrera ministerial, además de que el procurador sea nombrado por las dos terceras partes del Senado, sin injerencia del Ejecutivo.

El PRD quiere que el titular de la PGR y un Consejo Consultivo (de diez integrantes) sean nombrados por las dos terceras partes del Senado a propuesta de una terna de la Comisión correspondiente, por un período de cinco años y una reelección. Así como un Ministerio Público con mando de la policía y un Consejo con independencia técnica y de gestión.

Otras propuestas

En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación, el PRI propone eliminar los principios de posterioridad y anualidad, mientras que el PRD sugiere que el auditor no sea un cargo unipersonal sino colegiado y que haga auditorías no sólo a posteriori, sino durante el ejercicio. Tendría capacidad para investigar y perseguir los delitos que afecten a la Hacienda Pública.

El PRI agrega además la creación del Instituto Nacional de Identidad, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y un Registro Nacional de Población que expida una identificación oficial para el conjunto de habitantes del país.

El PRD también propone la creación de un Consejo Económico y Social como instancia de participación de organizaciones sociales en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. E4