El discurso del titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), general Gabriel Galván, el 9 de febrero, con motivo del 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad, encendió la mecha. La máxima autoridad militar del país (sólo por debajo del presidente) urgió a aprobar las reformas integrales para consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen. Claramente se refirió a la convocatoria presidencial, la cual no es utopía, sino compromiso histórico.

Las reacciones no se hicieron esperar. Periodistas como Carmen Aristegui y legisladores del PRI y el PRD, como Pedro Joaquín Coldwell y Alejandro Encinas, se dijeron indignados por la intromisión del Ejército en la vida política del país y recordaron, a modo de advertencia, los años de la guerra sucia.

Otros sectores defendieron al general con el argumento de que las fuerzas armadas son las únicas que sí hacen algo para contrarrestar la violencia que domina al país, mientras el Congreso y gobernadores se encargan de obstaculizar al presidente.

Lo cierto es que, más allá del acierto o desliz del secretario de la Defensa, su discurso responde a la descomposición que vive el país por el recrudecimiento de los crímenes en territorio nacional, en tanto los políticos siguen sin hallar la puerta de salida a la grave situación.

Mientras el Gobierno federal se jacta de avanzar en la guerra contra el narcotráfico y el Congreso difunde las escasas leyes que ha impulsado para mejorar el sistema de seguridad pública, en las calles la violencia del crimen organizado empeora y agota la paciencia ciudadana.

La presión social alcanzó su punto más alto tras los recientes ataques contra jóvenes en diferentes partes del país (Juárez y Torreón) y empuja al partido del presidente (Acción Nacional) hacia afuera de Los Pinos.

Ante esta situación, el presidente Felipe Calderón apuesta todo por sacar las reformas que necesita el país y así salvar su imagen, pero lo hace sin ánimo de negociar y advirtiendo a través del Ejército las consecuencias de no aprobarlas. Convendría identificar a los “detractores de México” que el general secretario aludió en su discurso de la Marcha de la Lealtad. El mensaje de la efeméride es indubitable. Quizá la mayoría los tenga en mente. ¿Son los mismos a quienes la Presidencia acusa de obstaculizar sus reformas?

La propuesta de Calderón incluye dos iniciativas en materia de procuración e impartición de justicia, entre ellas un código penal único y autonomía del Ministerio Público de la Federación.

Pero la presión social no sólo salpica a los políticos y al Ejército (que además de poner los muertos se debilita al participar en una guerra que, para muchos, es ajena sus funciones), sino a otros actores sociales como la Iglesia, a la cual se acusa de no exigir seguridad con demasiada firmeza, además de haber recibido complacientemente los diezmos de sus feligreses narcotraficantes (Arturo Arango, especialista en seguridad, dixit).

Será por eso que el Episcopado Mexicano no sólo empieza a endurecer su reclamo de seguridad, sino que igual recapacita sobre sus errores. “También quienes representan a la Iglesia han fallado en su tarea evangelizadora, que se ha limitado a cumplir con los rituales y que incluso su lenguaje está rebasado por la realidad”, admitió el obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vega a nombre de la conferencia eclesiástica que agrupa a tres cardenales y a ciento cincuenta y un obispos, para quienes el crimen organizado no sólo es un problema de seguridad sino de “salud pública”.

En ese sentido, surgen voces como las del escritor Carlos Fuentes. El autor de La cabeza de la hidra propone despenalizar paulatinamente las drogas para golpear a los carteles del narcotráfico en su economía. El ex diplomático asegura que el Estado no puede ganar la guerra contra el crimen organizado con una lucha frontal, algo que también ha advertido César Gaviria, ex presidente colombiano.

Gaviria criticó la estrategia anti-narco mexicana y advirtió que la lucha contra los carteles no es un combate frontal y abierto, sino “de grupos reducidos de contrainteligencia de Estados Unidos, de grupos muy bien entrenados por norteamericanos, ingleses e israelíes”.

El ex presidente de Colombia sabe de lo que habla, por eso sus presagios son aún más funestos: “Todavía vamos a tener muchos muertos a medida que el país aprende a luchar contra el narcotráfico”.

Sin embargo, al presidente se le acaba el tiempo. La presión social crece y la ciudadanía exige resultados, ahora.

Estrategias militares

La masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y Torreón fue la gota que derramó el vaso, pues evidencia deficiencias en el trabajo de inteligencia de las corporaciones de seguridad pública y militar, así como limitaciones en la estrategia calderonista, que a decir del ex presidente de Colombia es errónea.

De visita en Monterrey, Gaviria habló sobre las experiencias de su país en el combate contra las drogas y advirtió que la guerra se hará más cruenta. “En Colombia llegamos hasta el extremo de tener jueces secretos, testigos secretos, cosas que se ven muy extremas, pero que tocó hacer en cierto momento. Los italianos lo hicieron y en algún momento México va a tener que pensar en eso”.

Gaviria dice que México tiene capacidad para exigir a Estados Unidos que “en vez de gastar cuarenta mil millones de dólares para seguir metiendo gente a la cárcel, debería tal vez dedicarlos a apoyar educación y salud”.

Acepta que la reacción instintiva de Felipe Calderón, para enfrentar a los cárteles, fue la correcta ya que “los colombianos nos descuidamos; miramos para otro lado muchos años y cuando menos pensamos (el narcotráfico) puso en jaque el país, las instituciones y la democracia y mató a dos candidatos presidenciales”.

Pero le recomienda al presidente que en lugar discutir sobre los montos de los apoyos financieros, como los del Plan Mérida, debe pedir ayuda en materia de inteligencia, de entrenamiento y equipo.

César Gaviria es claro: México debe exigir que Estados Unidos adopte un papel más protagónico en este combate que ya se está volviendo largo.

Sin embargo, el ex presidente de la OEA (1994-2004) olvida que el apoyo estadounidense a su país ha derivado en la instalación de bases militares que amenazan no sólo su soberanía, sino la de sus vecinos.

Armas y dinero

El combate al narcotráfico tiene dos frentes: el de las armas y el económico. En el primero, el crimen organizado lleva ventaja, no sólo por el poderío y alcance de su arsenal —equiparable al del Ejército—, sino porque siembra el terror con gente que no tienen nada que perder, ya que sus miembros vienen de un sistema social deteriorado que los excluye y condena a la pobreza.

En el frente económico, el Estado tiene manera de ganar: atacando los recursos de los carteles. La despenalización de las drogas —que Fuentes y otros escritores como Mario Vargas Llosa proponen— no sólo cortaría las venas financieras del crimen organizado, sino que ayudaría a controlar la cantidad y calidad en el consumo, lo que podría convertirla en instrumento de salud pública.

Fuentes se pronunció a favor de este método, pues hay que “buscar otras maneras” de luchar contra el crimen organizado porque “usted mata un narco, surgen dos; mata dos, surgen tres; mata tres y surgen seis, etcétera”. El escritor afirma que en el ataque frontal, el narcotráfico “lleva las de ganar”, por lo que al legalizar las drogas el negocio dejaría de ser lucrativo.

Sin embargo, una legislación de este tipo encontrará muchos obstáculos en un país conservador y poco funcional como México.

Por un lado, la Iglesia pondría el grito en el cielo, como lo ha hecho con la posibilidad de legalizar el aborto, las uniones matrimoniales entre homosexuales y otras legislaciones que apuntan a reducir riesgos de salud pública y a salvaguardar derechos fundamentales del hombre. En casos concretos, el ser buen cristiano puede evitar algunos males como los embarazos no deseados o los contagios de SIDA, pero como política sanitaria ya ha demostrado su fracaso.

Por otro lado, implementar un sistema en el que el gobierno sea el encargado de producir y vender las drogas, requiere no sólo inversiones millonarias, sino una transparencia muy lejana a la triste realidad de corrupción del México de ayer y hoy.

Además, aunque el consumo de drogas en México va en aumento, el narcotráfico no se nutre principalmente de él, sino que se beneficia con el consumo al otro lado de la frontera. En esta situación, vale la pena buscar alternativas. Pero como Gaviria dice, México debe exigir más colaboración de Estados Unidos, principal responsable de la prosperidad del negocio del narcotráfico. E4

Las reformas en materia de seguridad

El paquete de iniciativas del presiente Felipe Calderón abarca varios objetivos en materia de procuración e impartición de justicia, tales como:

» Modificar la Constitución para promulgar un Código Penal Único en todo el país, con lo cual se pretende eliminar las inconsistencias y vacíos en las legislaciones locales y federales.

» Establecer procedimientos para que la autoridad judicial pueda decretar la extinción de dominio de aquellos bienes que son instrumento, objeto o producto de las actividades de la delincuencia para que pasen a poder del Estado.

» Dotar de facultades de investigación a la Policía Federal, así como modificar la Ley Orgánica de la PGR para reconocer la autonomía del Ministerio Público de la Federación en los ámbitos técnico y funcional.

» Reformas al artículo 123 Constitucional, para que las policías y agentes del MP puedan ser removidos libremente de sus cargos.

» Nuevas reglas en los procesos relacionados con el crimen organizado, con el objetivo de otorgar mayor protección a víctimas, testigos y denunciantes.

» El establecimiento de reglas para el dictado de órdenes de arraigo en los casos de delitos graves y delincuencia organizada, así como para la realización de cateos que permitan mayor efectividad en la investigación. E4

¡Ya basta!: la voz del hartazgo

La presión social aumenta proporcionalmente a los grados de violencia. Las masacres de jóvenes en Ciudad Juárez y Torreón superaron los límites de la imaginación y pusieron a México en las primeras planas de los periódicos del mundo.

Ante esta situación, la gente se indignó y volvió a salir a las calles. Sin embargo, el temor a las represalias es tanto que en Torreón, lo que debía ser una cadena humana de tres mil personas para exigir un alto a la violencia, terminó siendo una marcha de tan sólo unas decenas.

Esto, a pesar de que el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, había garantizado la seguridad de los participantes y de que la red social que se conformó en la web para convocar a la manifestación sumaba más de veinticinco mil adherentes, de los cuales unos tres mil habían confirmado su asistencia. El miedo fue más fuerte.

Otra marcha, también organizada en Facebook, tuvo más éxito. En Ciudad Juárez, cerca de dos mil manifestantes se unieron a la marcha “Coraje, Dolor y Desagravio por Juárez”. La manifestación fue encabezada por María Dávila, quien perdió a dos de sus hijos en la agresión del fraccionamiento Villas de Salvárcar, el 31 de enero. La misma que increpó al presidente.

A diferencia de las habituales prendas blancas, los manifestantes de Juárez vistieron ropas de color negro para expresar su luto, y en el Puente Internacional conocido como “libre” se tiraron al piso por cinco minutos, simulando a los fallecidos que ha dejado la delincuencia organizada.

Gobernantes non gratos

El asesinato de quince jóvenes en Ciudad Juárez no sólo despertó un sentimiento de impotencia por la impunidad con la que el crimen organizado opera en la frontera, sino también por el desatino de anticipar que las ejecuciones fueron producto de un pleito entre pandillas.

Acorralado por la presión social, el presidente decidió dar la cara e ir a Ciudad Juárez cuando la masacre aún estaba “fresca”. Una actitud loable, pero extremadamente riesgosa, como quedó en claro con las protestas que mancharon la visita y deterioraron aún más la imagen presidencial.

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ya le había advertido al presidente que eligiera bien sus asesores, quienes lo querían traer al estado en vísperas de un aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos. El presidente habría replicado que Coahuila es también México y que en dos ocasiones el mandatario local había evitado su presencia en el estado.

Esta vez no sólo fueron los asesores del Ejecutivo federal los que se arriesgaron, sino el mismo Felipe Calderón, quien envió al secretario de Gobernación a tratar de calmar a los manifestantes, que previamente se habían enfrentado con la policía antimotines. Sucedió lo inevitable: Gómez Mont fue agredido cuando contestó los insultos con un “tengo las manos limpias”.

Finalmente, Calderón presentó el Plan Integral Ciudad Juárez, acompañado por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el presidente municipal, José Reyes Ferriz.

Según indica el periodista José Contreras, del periódico “La Crónica de Hoy”, de poco sirven la visita del presidente y la iniciativa del gobernador, de trasladar los poderes a esa convulsionada ciudad, si el responsable del gobierno de la misma (el alcalde) no hace lo que le corresponde”.

“De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Ciudad Juárez recibió durante el 2009, 95 millones de pesos correspondientes al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), los cuales no ejerció. El año pasado, según las cifras de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, hubo dos mil 650 asesinatos de alto impacto, lo que representa un 40 por ciento más que el año anterior.

Otras fuentes consultadas apoyadas con un recuento hemerográfico permiten hablar de tres mil 14 ejecuciones en Ciudad Juárez, en el año en que el alcalde no ejerció los recursos que le dio la Federación. E4