Puede ser lineal y con recovecos caprichosos, pero pareciera que en México la historia insiste en ser cíclica. Lo cierto es que más allá de las coincidencias en las fechas, la llegada del tan esperado 2010 está obligando a una reflexión profunda sobre la situación que atraviesa el país y cuánto se ha avanzado a doscientos años de la independencia y cien de la revolución.

Analistas, historiadores, periodistas, ciudadanos y hasta políticos coinciden en señalar que muchas de las condiciones que propiciaron las rebeliones de 1810 y 1910 están aún presentes: alta concentración de la riqueza, grandes masas en la pobreza, descontento social con la clase gobernante, crisis institucional y grave deterioro de la economía, entre otras, a las que ahora habría que sumarle el narcotráfico.

Sin embargo, existe una notable diferencia entre la sociedad de hoy y la de aquellos tiempos: el nivel educativo, que aunque con cifras vergonzosas en cobertura y calidad, es mucho mayor en comparación con los altos grados de analfabetismo de hace uno y dos siglos. En esta diferencia reside quizá la mayor esperanza de que el cambio sea pacífico, democrático.

Los movimientos ciudadanos independientes que empezaron a cobrar auge en las elecciones de 2009 representan el camino legal, aunque corren el riesgo de debilitarse o ceder sus demandas a actores políticos. Por ejemplo, el paquete de reformas electorales de Felipe Calderón, que se apropia de demandas del movimiento a favor del voto nulo, es visto por el Consejo Ciudadano Permanente como una jugada del presidente para fortalecer su deteriorada imagen presidencial.

Por otro lado, muchas demandas campesinas de los estados más pobres —Oaxaca, Chiapas, Guerrero— suelen ser canalizadas por grupos afines a López Obrador, que de esa manera logra sobrevivir, a la vez que hunde a la izquierda en una de sus peores crisis.

Pero tampoco se pueden descartar movimientos armados. Al contrario, el diálogo roto entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno, y la persistente condición de pobreza en el estado más marginado del país, dejan la puerta abierta para un nuevo levantamiento, principalmente de las masas indignadas que todavía ven en el subcomandante Marcos un líder capaz de reivindicar los derechos de justicia, tierra y democracia.

El Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) están más preocupados por grupos armados más radicales que no alcanzan la madurez de los zapatistas, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que operan principalmente en Oaxaca y Guerrero, y que han manifestado la intención de desplegar una insurgencia armada este año. Las autoridades militares mencionan también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Comando Magonista y los Jaramillistas, entre otros.

A estos grupos habría que sumar a anarquistas radicales como la Brigada de Acción Simón Radowiski, que ya se ha adjudicado atentados con explosivos en el Estado de México en los primeros días de 2010.

Los retos del país

Podría decirse que las condiciones nunca han dejado de existir, que las revoluciones han servido para instalar tiranos aún peores de los que combatieron, que la lucha de la independencia comenzó como una jugada política y no como un movimiento popular, que la revolución pudo darse por la existencia de un régimen que buscaba perpetuarse en el poder, que hoy la sociedad mexicana es conformista y tiene los gobernantes que se merece.

Puede ser, pero más allá de las similitudes históricas, las deficiencias de la nación saltan a la vista.
Las cifras son contundentes: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que 47.2 millones de mexicanos, casi la mitad del país, viven en pobreza. En 2008, según el Coneval, 77.2 por ciento de la población presentaba al menos una carencia social y 30.7 tres o más. El 64.7 por ciento carecía de seguro social y 40.7 de servicios de salud. El 21.7 por ciento presentó rezagos educativos y 21.6 no tuvo acceso a la alimentación.

En 2009, por efectos de la recesión, la situación habría empeorado, con casi un millón más de desempleados, treinta mil niños fallecidos por enfermedades prevenibles, seis millones de analfabetos y más de un millón y medio de agricultores que trabajan sólo para sobrevivir.

Para paliar la problemática, el país ocupa uno de los últimos vagones, con inversiones menores a las de Brasil en todos los rubros. En salud, el gasto equivale a 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mientras que Argentina y Brasil destinan 4.58 y 4.92 por ciento, respectivamente.

En el plano educativo, Brasil destina 4.87 por ciento de su PIB y Argentina 5.07 por ciento, mientras que México alcanza apenas el cuatro. En ciencia y tecnología la inversión no alcanza siquiera uno por ciento, lo que por ley debió ocurrir hace más de tres años.

El gobierno destina anualmente 240 mil millones de pesos al campo y 40 mil millones para el combate a la pobreza. Pero la miseria no sólo se mantiene, tanto en zonas rurales como urbanas, sino que crece de forma gradual.

Informes de la Auditoría Superior de la Federación muestran que el país invierte sólo 2.2 por ciento del gasto total en infraestructura para escuelas primarias y secundarias, cuando el promedio sugerido por la ONU es mayor a ocho por ciento. Una inversión dos veces más grande produciría un crecimiento económico tres o cuatro veces mayor al que ahora se registra.

Los indicadores de la CEPAL señalan que en 2003 se alcanzó el punto máximo de inversión, con 4.1 por ciento del PIB; en 2004 cayó a 3.7 y en 2005 fue de cuatro, una tendencia que habría continuado en estos últimos años.

El Programa de la ONU para el Desarrollo concluye que la base educativa es quizá la inversión que más garantiza un mejor futuro para cualquier país. Con seis millones de iletrados y una tasa de deserción de cuarenta por ciento en bachillerato, México parece condenado a la pobreza.

La hora de los ciudadanos

Ante el fracaso y el oportunismo de la clase política, la sociedad organizada es la única esperanza. Si no ¿en quién confiar? ¿En un Congreso que se representa así mismo? ¿En un Poder Judicial tibio y venal? ¿En un PRI que insiste con volver al corporativismo de antaño? ¿En un PAN que desperdició la oportunidad histórica de construir un nuevo país? ¿En un PRD que se descuartiza aún sin haber llegado al poder? (Si López Obrador y sus rivales amarillos hundieron al partido en sólo tres años, es fácil imaginar lo que hubieran hecho con la riendas del país).

El levantamiento armado de los zapatistas en 1994 ganó apoyo popular sin precedente, dentro y fuera del país, pero cercado por un gobierno de doble rostro tuvo que replegarse y confinar el proyecto de país a una treintena municipios chiapanecos que se convirtieron en autónomos y que aún hoy tienen mejores avances que el resto de los ciento dieciocho ayuntamientos del estado. Con el tiempo y la ayuda de los medios, la imagen del movimiento pareciera haberse congelado y perdido su base, aunque en Chiapas y en el extranjero nunca dejó de estar vigente.

La sociedad también desconfía de los grupos radicales como el EPR y las brigadas anarquistas, porque no conoce o no entiende sus ideales, y sobre todo porque teme a la mano del narco que pareciera estar detrás de todos los grupos armados, reconocidos o no. También recela de los sindicatos y sus líderes charros, y de una Iglesia católica empecinada en detenerse en el tiempo.

La única salida parece ser la recuperación de espacios de decisión perdidos, por parte de la sociedad. La tarea es gigantesca y los peligros de no conseguir un proyecto de nación aglutinante amenazan con desvirtuar los movimientos ciudadanos auténticos.E4

El EZLN cierra la puerta al gobierno y genera alerta. En Chiapas persisten las condiciones para un levantamiento armado: PRD

El mensaje de los zapatistas al gobierno el primero de enero fue claro: no hay diálogo posible en las actuales condiciones. La reintegrada Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión estuvo en Chiapas para reanudar un diálogo con los zapatistas, pero sólo encontró silencio.

Contrario a lo que ocurre cada año para celebrar el levantamiento armado de 1994, los caracoles zapatistas cerraron sus puertas no sólo a los representantes del gobierno, sino al público en general. Desde tiempo, todos aquellos que deseen acercarse a los centros donde se informa sobre la lucha zapatista, deben presentar identificaciones oficiales y quedan asentados en un registro del Comité de Vigilancia. La entrada a la prensa está terminantemente prohibida.

Los representantes de la Cocopa llegaron a la entidad para establecer un diagnóstico de la situación y la búsqueda del restablecimiento del diálogo negociador, pero sólo pudieron reunirse con el gobernador Juan Sabines Guerrero, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel y representantes de organismos de derechos humanos.

El diputado José Narro Céspedes señaló que en la ronda de conversaciones se enfatizó la necesidad de reanudar el diálogo, orientado a los acuerdos para combatir la pobreza y la marginación, que originaron el conflicto. El perredista afirmó que se mantiene la voluntad política para resolver los problemas estructurales de la región.
Señaló que la ley de los derechos indígenas para Chiapas, aprobado hace pocos días por la LXIII Legislatura local, es positiva y abona al diálogo, porque reúne parte de las demandas de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Según el Congreso estatal, el nuevo marco se funda en el respeto a las diferencias culturales, los usos y costumbres indígenas y en sus demandas de desarrollo. La Cocopa realizará una reunión de evaluación de su visita a Chiapas en el Senado, y prometió volver a finales de mes.

Pero las condiciones de hambre, miseria y enfermedades en Chiapas, que hace dieciséis años generaron la irrupción del EZLN, aún prevalecen por la falta de respuesta a las demandas indígenas. En entrevista con La Jornada, Domingo Rodríguez Martell, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que poco se ha avanzado en el diálogo entre las autoridades del gobierno federal y las etinas de aquella región, por lo que es necesario comprometer a la federación a cumplir con los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Rodríguez Martell, fundador de la radiodifusora indígena XANT, “La voz de las huastecas”, dijo que los pueblos chiapanecos aún consideran el neoliberalismo como su principal enemigo, que atenta no sólo contra sus usos y costumbres, sino también contra la naturaleza, su hábitat, la cual es destruida. El legislador perredista plantea que la indiferencia a las necesidades de los pueblos de Chiapas “sólo podrá ser sacudida con un nuevo levantamiento, que podría ser de cualquier índole, aunque no necesariamente armado”.

El Estado gana terreno

“En 1810 fue Hidalgo, en 1910 Zapata, en 2010 será el subcomandante Marcos”, dice Jorge, indígena cho’l de un ejido zapatista de Salto de Agua.

En este ejido, que se declaró autónomo tras el levantamiento de 1994, la mayoría de las familias solían considerarse zapatistas, es decir no recibían ni pagaban nada al gobierno, pero en los últimos años la llegada de los programas sociales federales ha cambiado la proporción y ahora sólo algunos escasos grupos familiares siguen completamente fieles a la causa. Los demás han tomado las ayudas sociales como “Piso Firme”, “Techo Firme” o el sustento económico de “Oportunidades”, que no supera los setecientos pesos mensuales, y sus hijos concurren a la escuela oficial donde sólo se enseña en español, a pesar de que el cho’l es la primera lengua de la comunidad.

El gobierno federal gana terreno, aunque muchos coinciden en que un nuevo levantamiento sería más grande y sangriento. Probablemente los adultos se sumarían a la causa, añade Jorge.

Lo cierto es que la desaparición de la comandancia zapatista de la escena pública genera expectativas encontradas. Unos señalan que el movimiento se prepara para un nuevo alzamiento y posibles alianzas con grupos armados. Otros dicen que la posición es de cautela. No desea que se le relacione con actos de violencia provocados por frentes ajenos, principalmente el crimen organizado, al cual las autoridades insisten en vincular con la guerrilla.

Los zapatistas parecen haberse replegado desde la finalización de “la otra campaña”, iniciada por el EZLN en 2005 para reagrupar los movimientos sociales del país con reclamos similares, y suspendida en varias ocasiones por la represión en Oaxaca en 2006 y de Atenco en 2007.

El último acto público fue el Primer Festival de la Digna Rabia, realizado en los últimos días de 2008 y los primeros de 2009 en diferentes etapas: Ciudad de México; San Cristóbal de las Casas y Oventik, Chiapas. Allí el subcomandante Marcos, además de condenar la incursión israelí en territorio palestino y la represión de las manifestaciones ciudadanas en Grecia, arremetió contra López Obrador, a cuyo movimiento acusa de hostigar a las comunidades indígenas del estado.

También señaló que las condiciones que dieron origen al movimiento siguen en pie y destacó los avances de los municipios autónomos en comparación con las demás comunidades del estado. Meses antes, el EZLN había denunciado una nueva embestida a las comunidades indígenas por parte del gobierno, señalando que se sentía en el aire “el fétido olor a guerra”.

Y aunque el gobierno perredista de Juan Sabines Guerrero dice no estar en alerta, ya que “respeta al movimiento zapatista en el marco de la democracia”, extrema la vigilancia y patrullaje policial en los principales destinos turísticos del estado.

En Chiapas, las condiciones para un movimiento armado prevalecen. Según los últimos datos de Coneval, 76.7 por ciento de la población, en su mayoría indígena, vive en condiciones de pobreza. E4