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  Edición 608
  Amparan a Jorge Torres y celebra Humberto Moreira
 
Edgar London
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  Ya ni la despistan. Ya no es necesario mantener el regodeo político que sirve, mínimo, para guardar las apariencias. El limbo legal dio paso a la sentencia definitoria. Jorge Juan Torres López, el hombre que llevó las riendas del estado de Coahuila del 4 de enero al 30 de noviembre de 2011, no tendrá que preocuparse por las acusaciones que desde Estados Unidos emiten en su contra y, lo más importante, desde el 9 de febrero le vale soberana madre la orden de extradición que desde Washington pende sobre su nombre para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y fraude por 2.7 millones de dólares.

La detención del político el 5 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, ostenta todos los tintes de farsa política acomodaticia. Y sí… sí… sabemos que, legalmente, la suspensión no cancela el factible procedimiento de entrega a Estados Unidos, pero que nadie se equivoque: Torres López quiere seguir en México, libre o no, pero en México, donde las autoridades lo cobijan y pueden alargar indefinidamente el análisis de petición de su extradición, de mano con la investigación por los delitos que justifican una orden de captura de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en contra del ex gobernador interino de Coahuila. Así lo oficializó Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez décimo de Distrito en Materia de Amparo y cuyo nombre será tristemente recordado por dictaminar la suspensión definitiva contra un proceso de extradición con casi un quinquenio de antigüedad. Al otro lado de la frontera a Torres López ya lo espera alguien que lo conoce muy bien, Javier Villarreal Hernández, quien fuera subsecretario de Planeación cuando el primero todavía estaba al frente de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, entre 2005 y 2007. Se especula, además, que el exgobernador interino, durante su mandato, ayudó a que el también ex tesorero de Coahuila no fuera detenido en Coahuila. Hoy Javier Villarreal permanece bajo libertad condicional en Estados Unidos, hasta tanto las autoridades estadounidenses dicten su sentencia final.

Pero no se trata solamente de desvío de dinero. Torres López estaba a cargo de Coahuila cuando el Penal de Piedras Negras fungía abierta y descaradamente como base de operaciones de los Zetas. Allá se mantenían personas secuestradas, se incineraban otras, se descargaba droga que iba a ser transportada, se fabricaban chalecos blindados y fornituras para el cártel, incluso se reparaban y desmantelaban automóviles como si se tratara de un taller mecánico. Todo eso con la anuencia y complicidad de las autoridades del Cereso, así como de las más altas cúpulas del gobierno en el estado. ¿Acaso no estaba al tanto Torres López?

¿Tampoco conocía sobre la masacre que se cernía sobre el municipio de Allende? ¿Ni siquiera fue avisado sobre las cientos de llamadas que la población, aterrada, hizo a la policía y nunca fueron contestadas? Se trata de una de las peores tragedias ocurridas en Coahuila, con un saldo mortal que jamás se podrá absolutizar, pero que los cálculos más conservadores mantienen por encima de las 300 muertes. Los hechos ocurrieron del 18 al 20 de marzo de 2011, casi tres meses después de heredar el gobierno de manos de Humberto Moreira.

Y es obviamente Humberto Moreira quien más festeja la decisión del juez Vargas Alarcón porque de Torres López pisar tierra gringa, seguramente el nombre del expresidente nacional del PRI saldría a relucir (una vez más, vale decir) ligado a corrupción, vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero, desvío de recursos y quién sabe cuántos delitos más por algunos de los cuales, ya en España, le hicieron pasar un buen susto. Que, a propósito, un juez de la madre patria reabrió el expediente de Moreira luego de nuevas declaraciones que dos testigos en Texas ofrecieran a la Fiscalía Anticorrupción y que aporta mayores elementos acerca de la presunta participación de Moreira en blanqueo de divisas.

Sin embargo, mientras segundas y terceras naciones cierran el cerco sobre políticos corruptos mexicanos, en el país brilla por su ausencia el accionar de las autoridades. Más aún, no olvidemos que Rubén Moreira exoneró a su hermano en un proceso fast track, el 15 de mayo de 2015, apenas seis meses después de la comparecencia oficial de Humberto. En el más virtuoso escenario, los encargados de impartir justicia se hacen sentir cuando, tras unas elecciones, se permutan las siglas partidistas en algún estado. Así sucedió en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz con César Duarte, Roberto Borge y Javier Duarte, respectivamente, por citar tres ejemplos recientes. De ahí la necesidad de lograr la alternancia en Coahuila. ¿Quién sabe cuántas ratas de cuello y corbata saldrán corriendo de los alcantarillados y, mejor aún, de Palacio de Gobierno y el Congreso local?

Lo peor del asunto es que todo esto tiene lugar en pleno sexenio lopezobradorista, presentado desde tiempos de campaña como un feroz enemigo de la corrupción, pero que, en la práctica, hace mutis sobre los casos de políticos ladrones y deshonestos que el pueblo mexicano exige procesar.

La realidad es una, mientras la dejadez del gobierno raye en complicidad, se eternizará la terna de siempre, donde la sociedad reclama, el presidente calla y los corruptos festejan.

 
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